Funcionarios de prisiones convocan paros en los exteriores de cárceles de toda España

Protestan por las continuas agresiones. Quieren reprobar cualquier acto de violencia que pueda perjudicar la "dignidad personal" o "integridad física" del trabajador penitenciario que sufra durante sus funciones

Centro Penitenciario de Villabona (Asturias).
Centro Penitenciario de Villabona (Asturias).

El objetivo de los funcionarios es mostrar su solidaridad y dar apoyo a todos los compañeros agredidos, especialmente a los de mayor gravedad. Las concentraciones comenzarán a las 11 de la mañana de hoy y se llevarán a cabo en las puertas de los establecimientos penitenciarios de todo el país.

Tal y como ha podido saber Confidencial Autonómico, los sindicatos Acaip, CC.OO y UGT denuncian el incremento de las agresiones en el último año y trasladan la necesidad de que se "establezcan medidas de prevención de riesgos laborales, que garanticen la seguridad y la salud de los empleados y empleadas públicas penitenciarios".

Explican, además, que durante este año 2018, en el interior de las cárceles se denuncia una agresión cada día. Los sindicatos convocantes señalan que entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores de instituciones penitenciarias. El pasado año 2017, las lesiones graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año anterior.

Aumento de las agresiones

Para hacer frente a este grave problema, los sindicatos consideran urgente resolver la "acuciante falta de personal" con más de 3.400 vacantes sin ocupar, lo que sin duda es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones. Por lo que exigen, un incremento de plantilla y una mejora en la clasificación regimental de la población reclusa.

Hay un 15% menos de efectivos de los que debiera haber y las 831 plazas anunciadas para la oferta de empleo público 2018 se muestran insuficientes para garantizar la seguridad interior de las prisiones.

Según datos del Congreso de los Diputados, los accidentes laborales del personal penitenciario supusieron en 2017 un incremento  del 30% hasta contabilizar, la cifra de 1.186.

Apuntan la necesidad de abordar el problema grave de la enfermedad mental, dado el incremento de internos con patologías psiquiátricas en prisión, y reclaman de manera urgente la consideración de agentes de autoridad, así como de dotarse de una formación específica y adecuada para afrontar estas situaciones.

En este sentido, la movilización surge como preámbulo de las protestas que lo funcionarios de prisiones tienen previsto llevar a cabo a partir del 1 de septiembre.

Por último, denuncian que hay agresiones a diario y que los políticos no pueden seguir mirando hacia otro lado: "es necesario que la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales, mejore la clasificación penitenciaria y genere programas de tratamiento y prevención sanitarias y asistenciales y el deterioro de un servicio público que alerta contra la paulatina y continua privatización de los servicios públicos penitenciarios".

 

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