Feijóo quiere plantear a Sánchez seis pactos de Estado que obliguen a Podemos a desvincularse del Gobierno

Incluyen la Ley de Vivienda, Memoria Democrática, Seguridad Nacional, ‘Ley Mordaza’… El líder del PP tomará la iniciativa sin esperar a que le llamen desde Moncloa

Alberto Núñez Feijóo, en el cierre de su gira por España para presentar su proyecto a los afiliados del PP.
Alberto Núñez Feijóo, en el cierre de su gira por España para presentar su proyecto a los afiliados del PP.

El PP quiere cerrar su primer pacto de Estado con el PSOE en cuantoAlberto Núñez Feijóo se convierta en presidente del partido. Y la primera oportunidad será, en plena guerra de Ucrania, en lo relativo a la Seguridad Nacional. Pero el nuevo líder popular planteará cinco grandes acuerdos más a Pedro Sánchez para tratar de dinamitar su Gobierno.

Con la influencia de Feijóo, que ya ha arrancado al Ejecutivo un compromiso de bajar impuestos para aliviar los altos precios de la energía, Génova ha acelerado el paso y se dispone a proponer también a Sánchez en las próximas semanas un acuerdo para aprobar juntos la Ley de Seguridad Nacional. 

Si Pablo Casado apostaba por recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, el nuevo PP prefiere sentarse con el PSOE y pulir la norma para que sea aprobada.

Núñez Feijóo tiene asegurada la elección como presidente del Partido Popular, pero lleva semanas actuando de facto como tal a la hora de tomar determinadas decisiones, como ocurrió con su visto bueno al pacto con Vox en Castilla y León. 

Acaba de conseguir el aval del 99,63 por ciento de los afiliados del PP para presentarse como candidato a la presidencia, en el congreso que se celebrará en Sevilla el 1 y 2 de abril.

Romper con la estrategia de Pablo Casado

Ahora que le va tomando el pulso al partido, según ha podido saberConfidencial Digital por fuentes próximas a Feijóo, el nuevo líder tiene intención de romper con las tácticas y presupuestos de la anterior dirección, que encabezaba Pablo Casado. 

Por ejemplo, volviendo a contar con militantes destacados de la etapa anterior, la de Mariano Rajoy, pero también con la marcha atrás en la voluntad de vender la actual sede, en la calle Génova.

No va a esperar a que Sánchez le llame

Otro de los nuevos planteamientos tácticos va a ser no ‘esperar’ a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera contar con él, y en concreto a que le llame. 

Con ello pretende distanciarse de lo que aplicaba Casado, que se mantenía a la espera de que desde Moncloa tomaran la iniciativa, y como eso no solía ocurrir, se dedicaba a denunciar públicamente la marginación por parte del presidente. 

 

Cuando se quejó de que no le había contactado para cambiar impresiones sobre la recién iniciada guerra de Ucrania, la respuesta de la portavoz del Gobierno fue qué “ahí tenía él el teléfono”. Entonces, fue Casado quien llamó a La Moncloa. 

Su plan es proponer acuerdos

Con el fin de salir de la inactividad y de la irrelevancia política, provocada también por la circunstancia de no ser diputado en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo va a adoptar la táctica de lanzar propuestas al Gobierno, para obligarle, al menos, a que se pronuncie en uno u otro sentido. 

En esa línea, las fuentes de su equipo consultadas por ECD confirman que está preparando una batería de ofertas, en cuestiones de Estado, para proponer a Pedro Sánchez acordar los grandes asuntos del país que requieren, en principio, la colaboración de los dos principales partidos, forzando así a Podemos a dejar el Gobierno por una ruptura de la coalición con el PSOE.

Seis grandes pactos de Estado

Según ha podido saber Confidencial Digital, de fuentes cercanas al nuevo líder popular, Núñez Feijóo va a lanzar a Pedro Sánchez seis ofertas de acuerdo, si se suma a este paquete la Ley de Seguridad Nacional y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

-- Aprobación de la Ley de la Vivienda. Una norma a punto de ser votada y que tiene la oposición del socio de Gobierno, de Unidas Podemos. 

-- Ley de la Memoria Democrática. Se trataría de consensuar su contenido, para que tenga también los votos del PP, necesarios para que su aplicación sea real en las autonomías y ayuntamientos donde gobierna. 

-- Reforma de la llamada ‘ley Mordaza’. Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incrementó las atribuciones de los cuerpos policiales, y cuya reforma (para limitar esas capacidades) está provocando movilizaciones de los agentes, que consideran que les va a dejar desprotegidos. 

-- Reforma de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada. 

Medida heredada de Pablo Casado

La idea de implantar en España el principio de que gobierne la lista más votada no es, como tal, una iniciativa de Núñez Feijóo, porque ya se empezó a articular con Pablo Casado. 

De hecho, tal como se contó en diciembre en ECD, los máximos interlocutores de PSOE y PP, Félix Bolaños y entonces Teodoro García-Egea, habían comenzado a abordar en conversaciones discretas la posibilidad de que las dos formaciones mayoritarias se comprometieran, en caso de derrota, a facilitar la gobernabilidad del otro, mediante la abstención. 

El objetivo inicial es evitar bloqueos tras las elecciones generales, como ocurrió en los comicios de abril de 2019, y a punto estuvo de pasar en las de noviembre de ese año. Pedro Sánchez pudo gobernar aceptando los votos de Podemos, ERC, Bildu, etc. 

No pagar peajes a los pequeños

Uno de los objetivos de ese acuerdo, que todavía se encuentra en una fase muy inicial, es que los dos grandes partidos puedan formar Gobierno sin excesivos ‘peajes’ a partidos más pequeños. 

De cara a las elecciones de 2023, el PP, si gana pero con mayoría insuficiente, no dependería Vox. Y lo mismo ocurriría al PSOE, que no necesitaría de Podemos ni de los independentistas. 

Cuando los dos partidos empezaron a hablar sobre este pacto, acordaron que no se supiera nada, e incluso que lo negarían si se publicaba algo, para evitar un posible castigo en las urnas. 

La fórmula del acuerdo a dos viene impuesta porque no resulta posible establecer por ley que gobierne la lista más votada: exigiría una reforma de la Constitución, que no se prevé próxima en el contexto actual de fuerzas en el Congreso.

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