Estado Autonómico

España es el primer país de la UE en número de solicitudes de asilo y refugio

En 2020 ha habido 42.681 solicitudes de protección internacional. En 2018 hubo 12.889

Llegada del Aquarius a Valencia
photo_camera Llegada del Aquarius a Valencia

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ha resuelto en lo que llevamos de año un total de 42.681 solicitudes de protección internacional,  lo que supone una tendencia al alza con respecto a 2019, ya que el año pasado se resolvieron en todo el año 62.641, y en 2018 hubo 12.889, según han informado a El Confidencial Autonómico fuentes del Ministerio con motivo del Día del Refugiado, celebrado el pasado 20 de junio.

En concreto, entre los meses de enero a marzo se resolvieron un total de 26.123 peticiones. Si bien durante el periodo del Estado de Alarma decretado para hacer frente al COVID-19 no se han podido elevar expedientes para su resolución, la Oficina de Asilo y Refugio ha seguido trabajando y tramitando. 

Por eso, con la reactivación de la actividad, este mes de junio se han podido resolver otras 16.563 peticiones de protección internacional, alcanzando el total de 42.681 solicitudes.

Está previsto que en el mes de julio se puedan resolver un número similar de solicitudes a las del mes de junio, un ritmo que se mantendrá previsiblemente en cifras similares a lo largo de lo que queda de año.

Primer país de la Unión Europea en solicitudes

España se ha convertido en este año 2020 en el  primer país de la Unión Europa en número de solicitudes de protección internacional, con más de 38.000 solicitudes. En concreto, a 9 de junio se habían registrado en nuestro país un total 38.379 peticiones, frente a las 37.274 de Alemania o las 29.657 de Francia. 

En los últimos años España ha experimentado un aumento de las solicitudes de protección internacional. Mientras que en 2012 el número total de solicitudes de protección internacional alcanzó la cifra de 2.588, en 2018 las peticiones fueron de 55.749 y en 2019 alcanzaron las 118.264, datos estos últimos pendientes de consolidar).

La Oficina de Asilo y Refugio, que ha seguido trabajando y tramitando durante el estado de alarma, ha retomado este mes de su junio su plena actividad tras los meses en los que el procedimiento de resolución de los expedientes de protección internacional ha estado suspendiendo. 

Durante estos meses en los que el procedimiento ha estado suspendido, desde el Misterio del Interior se han adoptado diferentes medidas dirigidas a evitar las consecuencias negativas que la suspensión del procedimiento de resolución como consecuencia de la crisis del COVID-19 hubiera podido provocar a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. 

Así, el Ministerio decretó la suspensión de todos los plazos que afectan a la tramitación del procedimiento, así como la suspensión de la caducidad de todos los documentos relacionados con el procedimiento de reconocimiento de la protección internacional.

Desde el pasado día 1 de junio se ha retomado el procedimiento así como la atención al público en aquellas provincias que alcanzaban la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Asimismo, se ha decretado la prórroga de la validez de la documentación relacionada con el procedimiento de reconociendo de protección internacional.

Prioridad para el Ministerio del Interior

El impulso de la OAR fue una prioridad del ministro del Interior en funciones, Grande-Marlaska, desde que asumió la cartera, “consciente de la dimensión humana de un fenómeno que sufren aquellos que, según establece la Convención de Ginebra, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se ven obligados a abandonar sus casas y sus países de origen en busca de protección”, como han afirmado fuentes del Ministerio a ECA.

En virtud de este compromiso con la protección internacional, el ministro anunció en julio de 2018 una reforma de la Oficina tras constatar que ésta se encontraba sin los recursos humanos ni técnicos suficientes para gestionar un número de solicitudes que se había multiplicado por 12 desde su creación en 1992.

El Gobierno aprobó en ese mes de julio en Consejo de Ministros una oferta de empleo público extraordinaria de 231 plazas para reforzar la OAR, lo que suponía multiplicar por cinco su plantilla, pasando de los 60 puestos de trabajo con los que contaba a los 291 empleados públicos con los que contará cuando se complete el proceso. 


 

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