Estado Autonómico

La Comunidades Autónomas deberán devolver los 100 millones en multas declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional

Estas sanciones fueron recaudadas por las autoridades sanitarias regionales

Tribunal Constitucional de Valencia

Moncloa pasa a las autonomías la factura del inconstitucional estado de alarma: ellas tendrán que devolver los 100 millones de las multas ahora anuladas. Ha transmitido a las delegaciones del Gobierno que deberán asumir el coste de las reclamaciones porque la tramitación y cobro de las sanciones ha correspondido a las autoridades sanitarias de cada comunidad.

El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el confinamiento dictado con el primer estado de alarma decretado por el Gobierno, lo que ha abierto la puerta a que las sanciones que se interpusieron al amparo de este decreto ley queden ahora anuladas.

El fallo que anula la medida más dura de aquel estado de alarma, el confinamiento de toda la población en sus casas domicilios para contener la propagación del Covid, no solo supone un varapalo para el Gobierno central por la gestión durante aquellos primeros meses de la pandemia.

Pasa la factura a las autonomías

Fuentes de la Administración cuentan a Confidencial Digital que el fallo del TC también va a suponer un “varapalo” para las comunidades autónomas, en este caso económico, porque van a tener que revertir las miles de multas tramitadas a los ciudadanos por saltarse el confinamiento o realizar traslados prohibidos en aquel momento. 

Muchas de estas sanciones ya han sido pagadas y Presidencia ha trasladado a las delegaciones del Gobierno que esas sanciones fueron recaudadas por las autoridades sanitarias regionales y ahora les corresponde a ellas asumir el coste de las reclamaciones.

Multas de unos 600 euros

Personas sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad o superando el máximo de personas reunidas, fueron algunas de las infracciones más habituales que multiplicaron el trabajo de los policías en todas las autonomías durante la primavera del año pasado.

La mayor parte de los casos denunciados suponían multas de 600 euros. Hay que recordar que la cuantía por incumplir la limitación de la libertad de circulación de las personas, impuestas por el estado de alarma o la ley de Seguridad Ciudadana, conllevaba multas de 601 a 30.000 euros.

Han recaudado más de 100 millones

Las fuentes conocedoras de los expedientes sancionadores resueltos en España por infracciones graves contra la Ley de Seguridad Ciudadana, entre marzo y junio del año pasado, calculan a ECD que la cuantía de las multas puede superar los 100 millones de euros.

Por autonomías, Andalucía es la que más ha recaudado, con 33,76 millones de euros, por los 19,05 millones en Canarias14,14 millones en la Comunidad Valenciana11,18 millones en Castilla y León y 8,09 millones en Castilla La Mancha

A todas estas les siguen Galicia (6,30 millones de euros); Murcia (4,97); Baleares (3,23); La Rioja (2,98); Cantabria (2,58); Madrid (2,12); Asturias (1,68); Aragón (1,67); Navarra (1,63) y Extremadura (1,17).

Las autonomías han pedido ayuda

A la vista de ese gasto imprevisto, fuentes de varias autonomías consultadas por ECD explican que han reclamado a Hacienda que, por su parte, acelere el desembolso de los 7.000 millones prometidos por el Gobierno en transferencias a comunidades y ayuntamientos

Aseguran que una parte importante de estas partidas todavía tienen que refrendarse en las conferencias sectoriales con las comunidades, volver al Consejo de Ministros para su aprobación, ser tramitadas por los gobiernos autonómicos y, finalmente, concederse.

Propuestas de sanción sin tramitar

Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado firmaron 11.537 boletines de denuncia al día, generando un total de 1.142.127 sanciones. El primer estado de alarma trajo consigo un duro confinamiento domiciliario que se alargó durante mes y medio.

El Ministerio de Interior informó en mayo de que 228.994 multas estaban tramitándose o ya tramitadas. Todas ellas dependían de las delegaciones del Gobierno, al tratarse de sanciones por desobediencia a la autoridad. Pero se desconoce aún el camino administrativo en el que se encuentran las otras 913.133 propuestas de sanción.

Comentarios
Somos ECD
Periodismo libre, valiente, independiente, indispensable