Estado Autonómico

Alcaldes del PP exigen al Gobierno de Sánchez la jubilación anticipada de policías locales

Han llevado este asunto ante la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias

Imagen de dos policías locales.
photo_camera Imagen de dos policías locales.

Los policías locales de toda España arrastran desde hace más de dos años una lucha para conseguir que se les autorice la jubilación anticipada a los 60 años, tal y como pueden hacer los miembros de otros cuerpos de seguridad.

Con el Gobierno del Partido Popular se avanzó en el tema, pero no se llegó a aprobar de forma definitiva por reticencias del Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro, frente a la luz verde dada por Empleo, de Fátima Báñez.

Llegó la moción de censura, Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy y el proceso se ha vuelto a retrasar, por lo que en ningún caso entrará en vigor antes de 2019.

Cuando falta menos de un año para las elecciones municipales, el Partido Popular ha tomado la bandera de la jubilación anticipada de los policías locales, ahora que ha pasado a la oposición en las Cortes Generales.

La alcaldesa de Logroño, la popular Cuca Gamarra, llevó este martes ante la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) este asunto. Gamarra, que es vicepresidenta de la FEMP, denunció que la jubilación de los policías municipales a los 60 años se está demorando excesivamente en el tiempo, pese a que los ayuntamientos la apoyan “porque es una reivindicación justa del colectivo”.

Apoyada por otros alcaldes del PP -los de Guadalajara, Teruel, Santander, Badajoz...-, Cuca Gamarra pidió en la FEMP que el Gobierno de Pedro Sánchez inicie “con carácter urgente” la tramitación de las jubilaciones, “ya que están sufriendo una demora excesiva”.

La alcaldesa de Logroño denunció que “la actitud negligente del Gobierno […] es censurable y reclamamos transparencia en la información puesto que la opacidad es absoluta”. Y destacó que la jubilación anticipada, que dejaría de golpe a los ayuntamientos sin 20.000 agentes mayores de 60 años, “no suponen coste alguno para el Gobierno de España” porque su coste será íntegramente asumido por los ayuntamientos, en su mayor parte, y por los policías locales.

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