La reforma electoral para que voten en el País Vasco y Navarra los “exiliados” por ETA se encuentra 'congelada'
La comisión de expertos constitucionalistas envió su informe hace un año al Ministerio del Interior
Hace más de un año, el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó, a instancias de PP vasco, una reforma de la ley electoral para hacer legal una vieja reivindicación de las víctimas del terrorismo: que los vascos y navarros que habían tenido que “exiliarse” de su tierra por la amenaza de ETA pudieran votar en los municipios que tuvieron que abandonar. Ahora, la iniciativa ha quedado congelada en la agenda del Gobierno.
En diciembre de 2011, cuando Mariano Rajoy ya había ganado las elecciones generales por mayoría absoluta pero no había sido aún investido, el presidente del Partido Popular del País Vasco propuso una reforma de la legislación electoral.
Antonio Basagoiti defendía que las decenas de miles de vascos y navarros que tuvieron que abandonar estas comunidades por la amenaza de ETA pudieran votar en sus lugares de origen.
El líder de los populares vascos trataba así de “equilibrar” la balanza que ETA había ido inclinando hacia los partidos nacionalistas, al provocar el “exilio” de muchos votantes constitucionalistas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asumió la propuesta de Basagoiti y encargó a una comisión de expertos que elaborara un informe para analizar el posible encaje legal y constitucional de esta modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Desde ha pasado más de un año y medio, sin que se haya aprobado ningún cambio legal. La propuesta ha caído en el olvido, salvo por una proposición no de ley que presentó hace unas semanas UPyD en el Congreso.
Informe para el Ministerio del Interior
El informe lo realizaron juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Una portavoz de dicho organismo explica a El Confidencial Autonómico que, efectivamente, en su día se reunió un grupo de expertos que elaboraron un estudio sobre este tema.
Una vez realizado, “enviaron el informe al Ministerio del Interior, y en teoría nuestro trabajo acabó ahí”, aseguran desde el CEPC.
También cuentan que, según les transmitieron desde el ministerio, ese informe se llevaría al Consejo de Ministros para que el Gobierno lo estudiara e impulsara las modificaciones legales necesarias. Sin embargo, el informe sobre la reforma electoral para que voten los “exiliados” por el terrorismo de ETA no llegó a estar encima de la mesa de ningún Consejo.
“No tenemos ni idea”
En el propio Gobierno no parece que haya la sensación de que esta iniciativa sea prioritaria. ECA intentó recabar más información para saber en qué etapa del proceso se encuentra ahora mismo esta reforma.
“No tenemos respuesta, no tenemos ni idea de cómo está ese tema”, afirman en el Ministerio del Interior, que remiten al Ministerio de la Presidencia.
Este departamento, cuya titular es la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, es el encargado de la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional y del seguimiento del programa legislativo. Sin embargo, desde Presidencia tampoco hay respuesta acerca de en qué punto se encuentra esta iniciativa.
Los grupos parlamentarios tampoco saben qué pasa
Cuando se presentaron las conclusiones del grupo de expertos sobre esta reforma, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, aseguró que el informe se remitiría a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales para que pudieran estudiarlo.
Sin embargo, el tema quedó olvidado hasta hace dos semanas. Unión Progreso y Democracia presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a que regulara los derechos electorales de estas personas que tuvieron que huir del País Vasco y Navarra.
Fuentes del grupo parlamentario que dirige Rosa Díez reconocen a El Confidencial Autonómico que ellos tampoco saben qué había pasado con esa prometida reforma electoral. “No tenemos ni idea, lo lleva el Gobierno”, aseguran, una respuesta muy habitual en las indagaciones que ha llevado a cabo ECA para tratar de averiguar algo sobre esta iniciativa.
Desde el Grupo Popular (donde tampoco hay una idea muy clara de qué ocurre con el proyecto) explican que el Gobierno frenó la reforma en 2012, porque no quería aplicarla apresuradamente en las elecciones autonómicas vascas que se celebraron en octubre de ese año.
Partidos nacionalistas como el PNV acusaron al Ejecutivo central y al PP de querer alterar el censo electoral para provocar un “pucherazo electoral”. También los socialistas vascos mostraron su recelo ante las líneas principales de la reforma esbozada.
“Lo aplazaron por las elecciones de 2012, y como aún queda mucho para las siguientes, quizás ahora no haya tanta prisa”, aventuran desde el Grupo Popular.
