Comunidad Valenciana

Oposición frontal de los taxis y VTC en Valencia al proyecto de decreto

Los taxistas avisan de que “de momento seguiremos con la vía del diálogo”

Taxis en Valencia.
photo_cameraTaxis en Valencia.

Tal como informaba El Confidencial Autonómico el 6 de febrero, la Generalitat Valenciana quiere aprobar un decreto que regule los VTC y los taxis, haciéndolos compatibles. Pero, según ha sabido este digital, ni unos ni otros están satisfechos con el contenido adelantado de algunos puntos.

Los VTC no están de acuerdo en que haya un período mínimo de 15 minutos entre solicitud y servicio ni en que se impida la geolocalización – “es una barbaridad negar que estamos en el siglo XXI”, afirman – y, si se aprueba ese decreto con esas condiciones, no ven otra salida que dejar de operar en tierras valencianas.

“El Consell pasa la patata caliente a los ayuntamientos”

El sector del taxi hizo público ayer un comunicado, bajo el título El Consell quiere pasar a algunos ayuntamientos la patata caliente del problema taxis-VTC dejando a otros sin solución, en el que las asociaciones del sector expresan “por unanimidad su total desacuerdo con la propuesta inicial de la Consellería”, y que “de momento van a seguir con la vía del diálogo”.

En el mencionado comunicado, recogen las palabras de un alto cargo de la Consellería de Obras Públicas valenciana que reconoce haberse basado en el decreto de Cataluña, “que es lo único aprobado hasta el momento en otra comunidad autónoma”.

Sin embargo, el sector del taxi alega “importantes diferencias entre Cataluña y Comunidad Valenciana, ya que por ejemplo el ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en todo el Área Metropolitana que incluye a 36 municipios y cerca de 4.000.000 de habitantes, y copiar esta solución no sirve en la Comunidad Valenciana”.

Los taxistas critican que la Consellería siempre ha alegado que no tiene competencias y que debía resolverlo el Ministerio de Fomento, y ahora “tiene dudas en resolver el problema de forma integral y, con un nuevo parche pasa la patata caliente a los ayuntamientos, pensando sólo en Valencia, dejando a muchos municipios de Alicante y Castellón sin regulación del sector, multiplicando el problema y dificultando de nuevo la resolución del conflicto”.

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