El PP valenciano insiste en que se juzgue al hermano de Ximo Puig por subvenciones “fraudulentas”
Francis Puig y sus socios las recibieron de la Generalitat Valenciana, la catalana y Gobierno de Aragón durante cuatro años
El PP ha dirigido un escrito al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia para pedir la apertura de juicio oral a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus considerados socios, los Adell Bover.
Las defensas de estos últimos han presentado, al igual que los ‘populares’, las alegaciones a raíz del último informe aportado por la Guardia Civil iniciado tras una querella del PPCV y que indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover.
Instrucción finalizada hace un año
Mientras los abogados de los acusados han solicitado el archivo de la causa para ellos, el PP ha pedido que se abra juicio oral. La instrucción se encuentra finalizada desde hace un año.
A falta de lo que solicite la Fiscalía, ahora el juzgado deberá decidir si archiva la causa o si dicta auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– para los investigados, lo que supondría el paso previo a la apertura de juicio.
Abogado del PP: “Clarísimo fraude”
El abogado del PP, Víctor Soriano, apunta en su escrito que "ninguna duda cabe", alcanzado este punto del procedimiento, de que los investigados Puig y Adell Bover "incurrieron en un clarísimo fraude para conseguir resultar adjudicatarios de grandes cuantías en subvenciones, acudiendo para ello a distintas argucias".
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No obstante, prosigue, "no escapa al entendimiento de esta parte" que por la defensa de los investigados "no se pretende ya negar lo evidente –que hubo un fraude de subvenciones–, sino que se ha de limitar, pues así lo exige el prudente y diligente ejercicio de la defensa, a sostener que la cuota defraudada –cuya naturaleza de condición objetiva de punibilidad o de elemento del tipo es irrelevante a estos efectos– no alcanza al umbral de la responsabilidad penal". Ésta se sitúa en los 120.000 euros.
En su opinión, la existencia diferenciada de Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports "ni siquiera responde a razones organizativas a la vista de la absoluta confusión entre el negocio de ambas sociedades", sino que "tiene una mera finalidad instrumental para la obtención de subvenciones y el cruce de facturas entre ambas mercantiles, actuando de modo claramente coordinado según las decisiones del señor Francis Puig para así maximizar el fraude".
Por ello, dice, "deben computarse conjuntamente las subvenciones de ambas sociedades". Algo que, en todo caso se produce porque la segunda empresa ha percibido por sí misma para cada uno de los cuatro ejercicios individualmente considerados (2015, 2016, 2017 y 2018) importes superiores a los 120.000 euros.
"Lo mismo ocurriría para el señor Adell Bover, toda vez que en el ejercicio 2017 las subvenciones obtenidas por esta vía por su sociedad superan ampliamente el referido umbral. Pero es que, además, entiende esta parte que deben consolidarse los importes de
ambos grupos empresariales", comenta.
“Verdadero grupo criminal”
Los acusados se han valido de distintos mecanismos "para asegurar incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles para así poder justificar subvenciones obtenidas a las que no hubieran tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior". Para ello, afirma, se han valido de dos grupos empresariales –Mas Mut y Comunicacions dels Ports– y el grupo empresarial de la familia Adell Bover.
El abogado del PP menciona varias vías para llevar a cabo el fraude: doble utilización de gastos, facturas cruzadas entre las sociedades, múltiple utilización de contenidos y falseamiento de gastos beneficiándose de la ausencia de control.
De este modo, el PP entiende que los dos socios eran "cooperadores necesarios en los delitos del otro" porque "las facturas fraudulentas emitidas por sus empresas han resultado determinantes" para la comisión del fraude de subvenciones. Además, incide en la existencia de "verdadero grupo criminal".