La patronal valenciana rechaza el mantenimiento de las restricciones en las residencias de mayores

Pese al anuncio de Ximo Puig del fin de la mayor parte de las medidas, los centros de ancianos tienen bloqueadas 1.500 plazas

Ximo Puig, anunciando el jueves pasado el fin de restricciones
Ximo Puig, anunciando el jueves pasado el fin de restricciones

“No entendemos por qué, si se relajan las medidas en el conjunto de la sociedad, no se hace lo mismo en los centros residenciales. Esto perjudica a cientos de personas dependientes que necesitan un servicio de este tipo”, ha explicado a El Confidencial Autonómico  el presidente de AERTE, José María Toro.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha mostrado su rechazo al mantenimiento de las medidas restrictivas en residencias y que no se hayan flexibilizado en el marco de la Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana reunida el pasado jueves, 7 de octubre.

Tras esa reunión, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció el relajamiento de prácticamente todas las medidas, sobre todo las de aforo, destacando que lo hacía a las puertas de la celebración del 9 de Octubre, fiesta de la Comunidad Valenciana.  “Ante nuestra sorpresa, ni aludió a las residencias de mayores”.

La normativa vigente sobre residencias de mayores dependientes, centros de día y viviendas tuteladas es la Resolución de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – de las que Mónica Oltra es la titular - del pasado 14 de septiembre, vigente desde que se publicó el 17 de septiembre en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, pormenorizando salidas, voluntariado, actividades, etc., sobre medidas ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Restricciones en residencias mientras dure la pandemia a nivel mundial

Toro  ha lamentado que la postura que declaró la Vicepresidenta Mónica Oltra la semana pasada en el programa de radio de 99.9 Plaza Radio, Amanece Valencia, en las que indicaba que algunas restricciones en las residencias permanecerían vigentes hasta que la Organización Mundial de la Salud decretara el fin de la pandemia, se haya confirmado.

Sin embargo, “deben ser los indicadores epidemiológicos de cada zona, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y los de toda España,  los que marquen las limitaciones por salud pública que afectan al conjunto de la sociedad. En base a ellos, de manera excepcional y por una cuestión de salud pública, se limitan los derechos de los ciudadanos y de las entidades que operan en los distintos sectores”, ha destacado el presidente de AERTE.

“Intervenir el sector de manera encubierta”

“Parece que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas quisiera intervenir el sector, de manera encubierta, aprovechando el marco jurídico que nos hemos dado para superar la pandemia”,  indicó José María Toro.

Aunque en AERTE consideran que la solución a la pandemia pasa por una atención sanitaria, incluyendo un proceso de vacunación, para toda la población mundial, “no se pueden limitar los derechos de los ciudadanos en base a indicadores de terceros países y menos de la situación general de todos ellos que puede diferir mucho de la que se vive en la Comunidad Valenciana y en el resto de España”.

Bloqueadas 1.500 plazas y lista de espera en aumento

“El President Puig siempre ha indicado que las medidas durarían lo estrictamente necesario y ahora se relajan prácticamente todas, sobre todo las de aforo. Sin embargo, nos encontramos con que el Consell quiere mantener restricciones en residencias en función, por ejemplo, de la situación de vacunación en África. Esto es inaceptable y no responde al principio de proporcionalidad que deben tener las medidas restrictivas”, ha manifestado José María Toro.

 

Si bien la regulación de las residencias ha venido flexibilizándose en los últimos meses, “siguen quedando cuestiones como la reserva de plazas que los centros no pueden ocupar y que bloquean el uso de unas 1.500 plazas en una de las comunidades autónomas con una de las ratios más baja de todo el país. Esto está impidiendo atender a muchas personas que requieren un servicio residencial o les obliga a marcharse a poblaciones alejadas de su municipio para encontrar una plaza disponible y está incrementando la lista de espera de estos servicios”.

“Además, en el resto de comunidades autónomas no se están aplicando estas medidas de manera general, por lo que pedimos que se establezca un nuevo nivel en la normativa que se acerque más a la normalidad y que permita atender a todas las personas que requieren un servicio de estas características”, ha afirmado Toro.

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