Comunidad Valenciana

La primera ocasión fue tras un recurso de la Diputación de Alicante

La justicia suspende por segunda vez el decreto plurilingüe valenciano

La asociación Defensa del Castellano denunciará a los colegios e institutos que no acaten el auto y pretendan aplicar la norma el curso que viene

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha comunicado hoy el auto a la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana (DDC). Se denunciará a los centros que no acaten la suspensión.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en un auto fechado el 26 de mayo, ha comunicado hoy, tras el recurso presentado por  la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana (DDC), a la Consejería de Educación valenciana que se suspende cautelarmente el decreto plurilingüe valenciano, por los mismos motivos que se acordó la primera suspensión cautelar, tras el recurso presentado por la Diputación de Alicante por considerar que se impone abusivamente el valenciano en perjuicio del castellano.

Como en el primer auto de suspensión, el TSJCV da un plazo de 5 días para que la Consejería de Educación valenciana lo recurra mediante recurso de reposición.

El polémico “decreto Marzà” – el consejero de Educación, de Compromís – recibe con este segundo auto un “nuevo y casi mayor revés judicial, pues ya no pueden argumentar que el PP esta instrumentalizando la justicia, pues en este recurso es una asociación ciudadana que defiende el castellano”, han afirmado a El Confidencial Autonómico fuentes próximas al proceso, aludiendo a las críticas de diversos miembros del Gobierno valenciano por estar en manos del PP la Diputación de Alicante.

“Todavía con más motivo debe la Consejería acatar la justicia, no puede ni por asomo escudarse en diferencias políticas, y la suspensión debe llevarse a cabo”, afirman a este digital, “además de que hay 7 recursos más presentados al TSJCV”.

En las alegaciones que presentó DDC para suspender cautelarmente el decreto de 27 de enero de 2017, según ha tenido acceso ECA, se hace referencia a que no hay “existencia de perjuicios derivados de la suspensión de la aplicación del Decreto recurrido” y que por tanto no es necesaria fianza o caución alguna. El TSJCV, en su auto, estima esta argumentación, y DDC no ha de depositar ninguna fianza.

Según ha podido saber ECA, las entidades que han recurrido el polémico decreto educativo están elaborando modelos para se denuncie ante los Juzgados de Instrucción a los centros educativos que no acaten la suspensión, que difundirán próximamente a través de las redes sociales.

Comentarios
Somos ECD
Periodismo libre, valiente, independiente, indispensable