Valencia continúa sin vacunar a los usuarios de viviendas tuteladas de salud mental

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha mostrado su "absoluto rechazo" a la situación que están padeciendo en la Comunidad Valenciana las personas residentes en viviendas tuteladas de atención a la salud mental; continúan sin recibir la vacuna contra el COVID-19, tal y como expresa José María Toro, presidente de dicha asociación en declaraciones exclusivas para El Confidencial Autonómico.

Los profesionales de estas viviendas están siendo citados durante la semana en curso para recibir la vacuna, pero los residentes continúan sin tener noticia ninguna, a pesar de encontrarse en el nivel uno de prioridad, tal y como lo entiende la propia Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas -la consellera es Mónica Oltra-.

Nivel uno de prioridad

De hecho, esta Consellería remitió de manera formal a la de Sanidad –Ana Barceló es la consellera- el pasado 10 de febrero una solicitud para que se les incluyera en el primer nivel de prioridad, sin que hasta ahora se conozca la respuesta.

Además, “se han vacunado en algunas de estas viviendas, cuando se encontraban dependiendo de un centro residencial o en función del departamento de salud al que corresponden, lo que ha generado aún más confusión por la falta de homogeneidad en los criterios aplicados”, manifiesta José María Toro a este periódico.

Vacunación de los profesionales

"Bastantes trabajadores se habían negado a vacunarse, por considerar la situación absolutamente injusta, pero desde la asociación se les está animando a hacerlo”, remarcan desde AERTE, al tiempo que realizan el siguiente llamamiento: "A pesar de que las personas usuarias sigan pendientes de incorporarse al proceso, animamos, por responsabilidad y por respeto a la salud, a que todas las entidades promuevan la vacunación de sus plantillas".

“Llevamos más de dos meses insistiendo en este tema sin que la Consellería de Sanidad haya dado ninguna solución. Hace dos semanas vimos muchas reacciones en defensa de la salud mental por las lamentables declaraciones de un diputado en el Congreso de los Diputados, pero a la hora de la verdad nos sentimos solos y se vuelve a ignorar a estas personas”, indica José María Toro.

Han informado a Fiscalía

Desde AERTE han calculado en unas 500 -como número máximo- las personas que están pendientes de vacunar, por lo que no parece que sea un problema de suministro por parte de los laboratorios, sino más bien una decisión de carácter político; por ello mismo, incluso se planteó una queja formal al Síndic de Greuges y se informó a Fiscalía.

“A pesar de la comunicación dirigida el pasado tres de marzo a la Directora General de Salud Pública y Adicciones, Ofelia Gimeno, exigiendo la vacunación inmediata de estos grupos prioritarios, no sólo no hemos recibido respuesta, sino que la propia Consellería está llevando a cabo la vacunación de colectivos que -según el protocolo de vacunación del ministerio de Sanidad- tienen un nivel de prioridad inferior; es el caso, por ejemplo, de los docentes. Esta situación nos parece intolerable. Parece que se está vacunando en base a criterios de grupos de presión, más que por criterios estrictamente sanitarios” remarca Toro.