Comunidad Valenciana

Caso ʻbar Españaʼ: Fiscalía pide impedir a imputados “bulos” sobre perjudicados

Desde hace años se menciona a 17 perjudicados por calumnias

De izqda a dcha: Camps, Oltra, Bravo y Fabra.
photo_cameraDe izqda a dcha: Camps, Oltra, Bravo y Fabra.

El caso ʻBar Españaʼ– red de pederastia, hace más de 20 años, como epicentro el mencionado bar de Benicarló (Castellón) – comenzó hace años cuando “una persona empezó a difundir por redes sociales un bulo sobre la existencia de una posible red que abusaba de menores, en la que se implicaba a personas con notoriedad, bulo que otras personas se hicieron eco en años posteriores”, han informado a El Confidencial Autonómico fuentes próximas al proceso.

Como informó este digital el pasado 14 de mayo, ya han declarado como perjudicados el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra; el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; la vicepresidenta en funciones del Gobierno valenciano, Mónica Oltra; y la ʻconselleraʼ de Justicia en funciones, Gabriela Bravo.

En la causa figuran 20 investigados por injurias, calumnias y contra la Administración Pública, y el número de posibles perjudicados por estos hechos se eleva a 17, entre los que se encuentran los cuatro políticos mencionados. Son, por tanto, 13 personas más perjudicadas, además de los mencionados.

El pasado jueves, 23 de mayo, declararon cuatro imputados – ahora denominados “investigados” – ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, y otros dos que estaban citados no acudieron a declarar, según ha sabido este digital.

Ayer, viernes 24 de mayo, también estaban citados a declarar otros seis imputados.

Medidas cautelares ante el extendido “bulo”

Ante los “bulos” existentes en este caso, la Fiscalía de Castellón ha pedido medidas cautelares para proteger a los perjudicados. En concreto, ha solicitado el alejamiento de los cuatro imputados que declararon el jueves respecto de las personas a las que supuestamente habían calumniado o injuriado, así como la prohibición de volver a hacer en redes sociales comentarios u opiniones sobre el caso o reproducirlos.

Estas medidas cautelares, que la Fiscalía ha solicitado hasta que haya una resolución definitiva del procedimiento, deberán ser resueltas por el juez.

 
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