Comunidad Valenciana

Caso ʻbar Españaʼ: Fiscalía pide impedir a imputados “bulos” sobre perjudicados

Desde hace años se menciona a 17 perjudicados por calumnias

De izqda a dcha: Camps, Oltra, Bravo y Fabra.
photo_cameraDe izqda a dcha: Camps, Oltra, Bravo y Fabra.

El caso ʻBar Españaʼ– red de pederastia, hace más de 20 años, como epicentro el mencionado bar de Benicarló (Castellón) – comenzó hace años cuando “una persona empezó a difundir por redes sociales un bulo sobre la existencia de una posible red que abusaba de menores, en la que se implicaba a personas con notoriedad, bulo que otras personas se hicieron eco en años posteriores”, han informado a El Confidencial Autonómico fuentes próximas al proceso.

Como informó este digital el pasado 14 de mayo, ya han declarado como perjudicados el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra; el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; la vicepresidenta en funciones del Gobierno valenciano, Mónica Oltra; y la ʻconselleraʼ de Justicia en funciones, Gabriela Bravo.

En la causa figuran 20 investigados por injurias, calumnias y contra la Administración Pública, y el número de posibles perjudicados por estos hechos se eleva a 17, entre los que se encuentran los cuatro políticos mencionados. Son, por tanto, 13 personas más perjudicadas, además de los mencionados.

El pasado jueves, 23 de mayo, declararon cuatro imputados – ahora denominados “investigados” – ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, y otros dos que estaban citados no acudieron a declarar, según ha sabido este digital.

Ayer, viernes 24 de mayo, también estaban citados a declarar otros seis imputados.

Medidas cautelares ante el extendido “bulo”

Ante los “bulos” existentes en este caso, la Fiscalía de Castellón ha pedido medidas cautelares para proteger a los perjudicados. En concreto, ha solicitado el alejamiento de los cuatro imputados que declararon el jueves respecto de las personas a las que supuestamente habían calumniado o injuriado, así como la prohibición de volver a hacer en redes sociales comentarios u opiniones sobre el caso o reproducirlos.

Estas medidas cautelares, que la Fiscalía ha solicitado hasta que haya una resolución definitiva del procedimiento, deberán ser resueltas por el juez.

Comentarios
Somos ECD
¿Quieres ser protagonista del Confidencial Digital?