Comunidad Valenciana

Tres bufetes de abogados se querellan contra las comunidades autónomas contra la utilización de pruebas PCR

Alegan que no es el único medio para acreditar ser positivo en Covid-19

Niño vacunándose
photo_camera Niño vacunándose

Apoyada en esta actuación por múltiples colectivos, entre ellos Biólogos por la Verdad, Comusav España, Docentes por la Verdad y Reconquista, ante la campaña de vacunación infantil anunciada en los medios de difusión pública, a instancias del Servicio de Salud Autonómico, en niños de 5 a 11 años, que han pretendido llevar a cabo en los centros educativos y/o centros de inoculación, a partir del día 14 del presente mes, sin una orden que apruebe y regule la forma de llevarse a efecto.

De esta manera, los profesionales les recuerdan ciertos requisitos que a su modo de ver son imprescindibles y por tanto, acusan de ser responsables de la información que hacen llegar a los padres en relación a la vacunación en menores. "Deberían también advertir de que las vacunas a inyectar han sido autorizadas con carácter de emergencia, por ser experimentales desconociendo sus efectos a corto, medio y largo plazo, puesto que se han saltado un buen número de pasos previos indispensables para aplicar cualquier otra vacuna", aseguran. 

También aseguran que no existe justificación alguna para vacunar a este tramo de edad, y menos cuando en los registros de Fármacovigilancia (VAERS, Eudravigilance) se están reportando muertes y eventos adversos de envergadura, tales como miocardits, anafilaxia, parálisis de Bell, infartos, eventos trombóticos, en proporciones suficientes como para generar preocupación, y cuya frecuencia puede incrementarse de forma notoria con el transcurso del tiempo. Datos que no constan en la hoja de información al paciente, previa al consentimiento informado.

Denuncian una vacuna experimental para niños

Según estos profesionales, podrían incurrir en numerosos delitos como delito de prevaricación, como un acto administrativo injusto, que suponga una declaración de voluntad, de contenido decisorio y que afecta al derecho de los administrados y a una colectividad en general, del artículo 404 del Código Penal. Delitos contra la integridad física, de amenazas o coacciones, incluso delitos de torturas. 

Se recuerda que el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido la ineficacia de las PCR, que hasta el momento han sido el único medio utilizado para computar personas supuestamente infectadas por el SARS-CoV-2; "supuesto" virus causante de la llamada enfermedad del COVID-19, que el Gobierno español reconoce por requerimiento Judicial de la Asociación Liberum no tener secuenciación, aislamiento ni cultivos. Por lo que también podrá ser señalado como responsable de comisión de delito el Ministerio.

Se insiste en la enorme gravedad de lo acontecido, dado que todas las medidas y decisiones de enorme trascendencia que se están tomando, se han llevado a cabo computando como positivos a personas en base a una prueba ineficaz, no diagnóstica. Esto supone un fraude científico para poder detectar virus, sin que la Administración haya practicado pruebas para verificar y confirmar que efectivamente esas personas están inequívocamente afectadas por el virus del SARS-CoV-2.

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