Nueva Canal 9: el PP denuncia que la ley no cuenta con los informes necesarios

La votación contó con el apoyo de los tres partidos que sustentan el gobierno de Ximo Puig: PSPV, Compromís y Podemos. Sin embargo, PP y Ciudadanos no respaldaron ese primer paso para poner en marcha de nuevo una televisión autonómica.

Fuentes del Partido Popular valenciano explican a El Confidencial Autonómico que se oponen a la nueva ley porque para elaborar el texto “no se ha pedido informes del Consejo Jurídico Valenciano, ni del Consejo Económico Social ni de la Abogacía, y además no ha cumplido su palabra el tripartito de readmitir a todos los trabajadores, como habían prometido reiteradamente”.

Por su parte, los diputados de Ciudadanos se abstuvieron “porque no se sabe si hay dinero para ponerla en marcha, y es un dato fundamental, después de una nefasta gestión en la etapa anterior, que según los liquidadores arroja un déficit de 2.100 millones”, como expresan a ECA: “El propio Consell reconoce que puede haber próximamente problema de impagos, por lo que es una temeridad precipitada aprobar esta ley”.

Prometen una televisión desgubernamentalizada

Desde las filas socialistas, se muestran satisfechos con este primer paso, que llevará a “una radio y televisión desgubernamentalizados, plurales, con mayor control económico y más modernos”, destacan a ECA.

Los diputados del tripartito que este texto inicial es “resultado de un trabajo exhaustivo, donde se ha escuchado a todo el mundo, y está previsto que se articulen mecanismos para reconocer la experiencia de los extrabajadores de RTVV”, como expresa Antonio Montiel, de Podemos.

Un borrador de 34 páginas

El borrador que se aprobó consta de 34 páginas, fruto de cinco reuniones de la Comisión de Radiotelevisión y del espacio Audiovisual de las Cortes Valencianas. Ahora se quiere aprobar en dos meses, poniendo en marcha el trámite legislativo de urgencia, que reduce los plazos a la mitad.

Una vez aprobada la ley, se elegirá un Consejo Rector, que dirigirá el ente público y convocará un concurso público para nombrar al Director General, que se someterá al examen de las Cortes Valencianas.

Según consta en el borrador -que se puede leer íntegro aquí-, la futura Corporación Valenciana de Medios de Comunicación estará adscrita a Presidencia de la Generalitat, “pero actuará con plena independencia y autonomía”, destaca la diputada socialista Rosa Peris, portavoz de la Comisión, aECA.

“En el documento hay muchos frenos para evitar que se repita una situación similar a la producida cuando gobernaba el PP, alcanzando una deuda que la semana pasada cuantificaron los liquidadores en 2.100 millones”, destaca Peris.

Los “frenos” previstos en el borrador consisten en que el Consejo Rector cesará si un año se produce un déficit igual o superior al 10% de la cantidad asignada por el Gobierno valenciano para la prestación del servicio, o si logran unos ingresos propios anuales inferiores a lo presupuestado en un -25%.

Se fijará un límite de endeudamiento para cada año en el Contrato Programa y habrá un fondo de reserva para futuras pérdidas.

En el borrador se prevé un Consejo de Ciudadanía, compuesto por 13 miembros elegidos en proceso público entre los ciudadanos de mayores de 16 años, para defender y recoger las quejas de los usuarios, a la vez que asesorará en contenidos. “Es un Consejo que se inspira en órganos similares existentes en Cataluña y Andalucía, y fundamentalmente en la BBC inglesa”,  destaca Peris.