La Generalitat Valenciana audita todas las facturas viejas para denunciar gastos inflados
El nuevo gobierno de PSPV y Compromís están revisando documentos de la época del PP. Se negará a pagar sobrecostes y estudia imputárselos a los anteriores responsables
Después de 20 años de gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista recuperó la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Compromís y de Podemos en julio de 2015. El nuevo ejecutivo de coalición entre el PSPV y los nacionalistas valencianos se fijó como una de sus prioridades “levantar alfombras” y revisar las cuentas que dejó el PP.
Tanto Compromís como el Partit Socialista del País Valencià coincidieron, desde los primeros momentos de la negociación para pactar el gobierno, en la necesidad de llevar a cabo una auditoría de la administración autonómica para reducir el gasto administrativo de la Generalitat.
Aunque Alberto Fabra y el PP aseguró que su Consell dejaba las arcas públicas en una situación de “estabilidad y comodidad”, los partidos de izquierdas que iban a asumir el poder en la Comunidad Valenciana temían encontrarse con un “agujero negro” de deudas y compromisos de pago no reconocidos, y que podría alcanzar hasta los 80.000 millones de euros, según informaron a EFE fuentes de estas formaciones.
A la búsqueda de sobrecostes
El Confidencial Autonómico ha podio saber que todas las consejerías del actual gobierno valenciano que preside Ximo Puig están llevando a cabo verdaderas auditorías en estos departamentos para controlar los gastos que dejaron los anteriores responsables del PP.
Fuentes del PSPV y Compromís explican que en cada consejería se están revisando concienzudamente las facturas y los contratos, tanto los de años pasados como los que el gobierno de Fabra dejó comprometidos y en marcha para los próximos años.
El objetivo de socialistas y nacionalistas es detectar sobrecostes y deudas que sean “ilegítimas”: es decir, que se hayan adjudicado contratos de forma irregular, o que se hayan presupuestado gastos por encima de lo ajustado a la ley.
En el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana lo tienen claro: “Lo que sea ilegítimo no se va a pagar”. Están decididos a no abonar las facturas en las que haya habido sobrecostes injustificados.
Si los proveedores y adjudicatarios de esos contratos y obras que se vean perjudicados deciden acudir a los tribunales para que la Generalitat les pague lo firmado por los anteriores gobiernos del PP, desde el gobierno de Ximo Puig están decididos a defenderse judicialmente.
Por ello, en las auditorías están interviniendo también los servicios jurídicos de cada consejería, para que puedan analizar qué posibilidades de defensa judicial tiene cada caso.
Imputar los gastos a los responsables políticos del PP
Y es que si finalmente se ven obligados a pagar a estos proveedores las deudas que socialistas y nacionalistas ven “ilegítimas”, recurrirán a otra opción. Se trata de intentar imputar a los responsables políticos (del PP) de ese derroche, por haber desplilfarrado y por haber firmado contratos con sobrecostes.
Las fuentes consultadas por ECA señalan que, por ejemplo, están “tirando de la manta” en casos como el de Ciegsa, una empresa pública dedicada a construir colegios públicos para paliar la falta de centros -de ahí la famosa polémica de alumnos en barracones prefabricados-. Los colegios construidos costaron un 36% más de lo normal, y la actual Consejería de Educación ha encontrado numerosas irregularidades y pocos controles en la adjudicación de contratos.
