La Fiscalía de Castellón incumple el plazo para investigar responsabilidades penales por el Castor
El 4 de octubre terminó la segunda prórroga de seis meses que solicitó en abril, después de los más de 500 terremotos en la costa mediterránea
Los temblores de tierra que se produjeron en la costa de Castellón y Tarragona hace más de un año, provocados por la actividad del almacén marino de gas Castor, provocaron la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de la Audiencia de Castellón para investigar si hubo delito en la autorización y funcionamiento de la plataforma.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón tenía que haber concluido su investigación el pasado 4 de octubre, para dictaminar si ha habido responsabilidades penales en la tramitación o en el funcionamiento de la planta de gas Castor, situado en la costa de Castellón, frente a Vinaroz.
El ministerio público abrió una investigación de oficio el 3 de octubre de 2013, después de que se produjeran más de 500 seísmos en la costa norte de Castellón y sur de Tarragona, con epicentro cercano a la planta de gas Castor. El plazo para acabar su investigación era de seis meses, hasta abril de 2014.
Por orden del Fiscal Jefe de la Audiencia, José Luis Cuesta, un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó espectacularmente para comprobar que la planta de gas había cesado en su actividad, una vez que el Ministerio de Industria aprobó esta medida a la espera de informes definitivos. Además, la Fiscalía obligó a Industria a facilitar los informes del Instituto Geológico y Minero y del Instituto Geográfico Nacional.
Las dos actuaciones mencionadas de la Fiscalía de Castellón contrastan con el retraso en concluir sus investigaciones.
Prórroga incumplida
La Fiscalía de Castellón solicitó una prórroga para concluir su investigación de oficio, y se aprobó una prórroga de seis meses, que se cumplió el pasado 4 de octubre.
Cuando se pidió y obtuvo esta prórroga, el Fiscal Jefe de la Audiencia de Castellón aseguró que no era necesario agotar el plazo concedido, “ya que las investigaciones apuntaban a que las conclusiones estarían antes del término del plazo”, según afirmó en abril pasado. En términos semejantes se pronunció en aquellas fechas el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, subrayando que las conclusiones estarían finalizados en “un plazo relativamente breve”.
José Luis Cuesta, Fiscal Jefe de la Audiencia, es el responsable de concluir la investigación, con un decreto suyo, que se espera con la máxima expectación, tanto en las localidades afectadas, como en personas, instituciones y entidades que pueden haber incurrido en responsabilidad penal, tanto en la fase de autorización como en la de funcionamiento de la planta.
Fuentes próximas a esta investigación judicial han confirmado a El Confidencial Autonómico que, en el retraso de la Fiscalía, hay que tener en cuenta que la investigación es un auténtico “rompecabezas”.
Cruce de acusaciones PP-PSOE
Fuentes del PP tanto de la Comunidad Valenciana como de Castellón reiteran de nuevo a ECA que “las responsabilidades son del Gobierno de Zapatero, que aprobó imprudentemente esta planta de gas”.
Por otra parte, los partidos políticos de la oposición en la Comunidad Valenciana solicitaron en las Cortes Valencianas la semana pasada que “se hiciera una auditoría completa sobre el Castor, empezando por los estudios previos iniciados por el Gobierno de Aznar, continuando por quienes la aprobaron y siguiendo por quienes gobernaban cuando estaba en funcionamiento la planta, hasta 2013”. El PP, con su mayoría absoluta, impidió aprobar esa auditoría.
Desde el PSOE valenciano afirman a El Confidencial Autonómico que, respetando las investigaciones judiciales y posibles responsabilidades penales, políticamente hay que “exigir responsabilidades políticas, y no tener miedo a que haya responsabilidades del PSOE y también del PP”.
