Denuncian que la Oficina de Derechos Lingüísticos de Valencia discrimina el castellano
La asociación Idiomas y Educación considera que este decreto es ilegal porque va encaminado a imponer la lengua cooficial
El Gobierno valenciano aprobó el pasado 24 de noviembre el decreto 187/2017, que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre, estando en vigor desde el día posterior. La asociación anima a recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia.
Tal y como ha podido saber El Confidencial Autonómico, la asociación alicantina de Idiomas y Educación explica que “es una prueba clara publicarlo en vísperas de Navidad, para evitar el debate y críticas en la opinión pública”. Además, añaden que desde su creación hace un año, ha venido denunciando “la imposición continua del valenciano desde la Consejería de Educación, que dirige Vicent Marzà, en perjuicio del castellano y este decreto lo vuelve a manifestar”.
También han asegurado que el Consell “vuelve a usar la manipulación y el engaño con este decreto” y alertan que partidos políticos, asociaciones e instituciones recurran al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, “para lo que hay un plazo de 2 meses”.
Asedio al castellano
Según esta asociación, “el decreto es muy claro ya en su preámbulo, mencionando 17 veces el término valenciano, en una literatura victimista para justificar la imposición de una lengua y la creación de esta ‘Oficina de derechos lingüísticos’ más que sospechosa”.
No se habla del castellano (sólo una vez para decir “lengua propia diferente del castellano”), sólo cuando se habla de las lenguas oficiales y afirmando que el derecho a utilizar el valenciano se “vulnera con mucha frecuencia”.
Desde esta asociación explican a este digital que en el articulado sólo aparece una vez el valenciano “porque en el preámbulo deja muy claro que esta Oficina nueva no contempla defender los derechos lingüísticos del castellano”. Además, alertan de que ahora hay una seria lesión para los profesionales por la imposición del valenciano, en la enseñanza y en puestos de entidades públicas, “existiendo ya un asedio por el requisito lingüístico”.
Destacan que el objetivo del decreto es despistar a tribunales y juristas, ya que el término ‘valenciano’ sólo aparece en el artículo 3 de Funciones, en su apartado 7, “que trata sobre asesoramiento a empresas o entidades que reclamen el uso del valenciano”.
La recién creada Oficina podrá actuar también de oficio, no sólo a instancias de particulares o entidades. Mencionan sobre todo los escritos dirigidos a la Administración de Justicia, y no prevé sanciones.
