La sobrina de un ‘maqui’ fusilado en un pueblo de Castellón emprende acciones legales contra la asociación que pretende exhumar los restos
Nadie le consultó si quería que los restos de su antepasado volvieran a ver la luz 63 años después de su asesinato. Sebastiana Ortega llevará a la Justicia a quien destape la fosa común que su tío comparte con otros siete represaliados por pertenecer al 'maquis'. Podría frenar la primera exhumación oficial de la Comunidad Valenciana. Los integrantes del grupo de paleontología forense 'Paleolab' , encargado de las excavaciones desde el pasado 1 de marzo, espera que entre hoy y mañana se extraigan los restos mortales de las ocho personas que fueron enterradas en la fosa común del cementerio de Benagéber, en Castellón. Los trabajos se desarrollan con el permiso explicito de los familiares de quienes ahí están sepultados, exceptuando a uno: Sebastiana Ortega, sobrina de Manuel Torres 'el Practicante'. Ortega se niega a la exhumación del cuerpo de su antepasado alegando motivos "personalísimos e innegables", asegura a El Confidencial Autonómico su representante legal. Según ha podido saber este confidencial, Sebastiana Ortega va a emprender acciones legales contra la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, que es la plataforma que está detrás de las exhumaciones. En un principio, la hermana de Manuel Torres autorizó las excavaciones, pero se recurrió este permiso porque en 2004 los servicios de Salud de Madrid le diagnosticaron demencia senil. Sebastiana Ortega ha dejado su defensa en manos del Equipo Nizkor, una plataforma de defensa de los derechos civiles con sede en Bélgica. Según indica Gregorio Dionis, director de Nizkor, las condiciones legales de este caso son "radicalmente distintas" a otros. Y es que la sobrina de Torres fue quien obtuvo la información sobre el lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Lo hizo a través del programa de televisión 'Quién sabe dónde', presentado por Paco Lobaton. Después de contar su historia en público, "un alto cargo de la Guardia Civil presentó el expediente de la ejecución". Esto, por tanto, hace necesaria la intervención de un juez y un forense, ya que no se trataría de el hallazgo de "restos antropológicos, sino de un homicidio. Judicialmente lo cambia todo" aclaran desde Nizkor.
