Aluvión de recursos judiciales contra el decreto plurilingüe valenciano
Sindicatos, patronales y asociaciones de padres de la escuela concertada y la pública se han dirigido al TSJCV y también a los defensores del pueblo nacional y autonómico
La resistencia contra el decreto de enseñanza plurilingüe aprobado por la Generalitat está conduciendo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Allí han presentado distintos recursos contencioso-administrativo sindicatos, asociaciones, patronales, padres de la concertada y de la pública, y la Diputación de Alicante, por entender que el decreto discrimina el castellano.
De las movilizaciones en la calle –como informó El Confidencial Autonómico, en Alicante, Orihuela (Alicante) y Valencia-, diversas entidades han pasado a la “batalla judicial”, presentando recursos contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, alegando que el decreto plurilingüe educativo valenciano, impulsado por el consejero de Educación Vicent Marzà (Compromís), atenta contra los derechos de los padres a elegir la lengua vehicular e impone el valenciano.
El pasado jueves, 6 de abril, fue el día “clave” en esta ofensiva judicial. Presentó el recurso la Asociación para la Defensa del Castellano (DDC), al comprobar la gran confusión existente por las informaciones que “desde el gobierno valenciano intentan confundir a la sociedad valenciana, invocando que ya habían arreglado las “pegas” alegadas por el Ministerio de Educación con el engaño de las 2,5 horas de libre disposición, que constituye una rectificación trampa ante un decreto trampa, y no queremos permitir que todo quede en maniobras políticas, sino que los tribunales decidan ante la evidente discriminación del castellano”, como ha expuesto Eva Tena a ECA , que pide “la derogación total del decreto de plurilingüismo, paralizando previamente la aplicación del mismo”.
También el jueves presentaron conjuntamente un recurso contencioso en Alicante CONCAPA, COVAPA – confederación de padres de alumnos de centros públicos - y la asociación “Idiomas y Educación”. Como han explicado a este digital, “hemos tardado un poco más en presentar el recurso porque queríamos sumar demandantes, para que haya más fuerza y se derogue en los tribunales”.
Y también ayer presentó el recurso contencioso la Diputación de Alicante, presidida por César Sánchez (PP), que es la primera Administración que recurre este polémico decreto. Invocan que el decreto es una clara discriminación y, además, no tiene en cuenta “las particularidades lingüísticas de la provincia de Alicante”.
Piden que actúe de oficio la Defensora del Pueblo
Desde la plataforma valenciana “No al decretazo, sí a la elección”, ayer viernes dirigieron un escrito a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, adjuntando 135 cartas, en la que pide que actúe de oficio ante esta grave cuestión del decreto educativo valenciano, y que desde Madrid acusaron recibo inmeditamente.
“No tenemos personalidad jurídica para presentar un recurso ante los tribunales, pero sí para pedir a la Defensora del Pueblo estatal que intervenga, aparte de que nos hemos dirigido hace un tiempo al Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano), pues no queremos escatimar ni un solo recurso a nuestro alcance”, afirman a ECA desde esta platafomorma valenciana.
Otros recursos contenciosos presentados y a la vista
Contra el decreto plurilingüe ha presentó en febrero recurso contencioso-administrativo el sindicato CSIF, nada más publicarse el texto legal en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 6 de febrero. USO también lo presentó hace unas semanas, pero ha vuelto a presentar esta semana – el miércoles 5 de abril - un segundo recurso en el que alude a respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y pide la “suspensión cautelar del decreto
También ha presentado un recurso VOX en la Comunidad Valenciana.
Desde el Ministerio de Educación han “avisado” que, si no se rectifica, también pueden acudir a los tribunales. “Sin embargo, nos tememos que el afán de quedar bien políticamente lleve a contentarse con pequeños arreglos, y queremos que el Ministerio vea la movilización jurídica unánime de los padres, asociaciones, sindicatos y patronal, ante un decreto que hay que derogar, no suavizar”, expresan a este digital desde una de las entidades que han recurrido, a la vez que subrayan que “ante una cuestión tan importante en la educación no hemos querido que las vacaciones de Semana Santa pudieran adormecer nuestras acciones, algo que desde la Consejería de Educación han buscado continuamente por su falta de diálogo y el calendario que han impuesto para implantar los módulos, obligando a presentar las propuestas antes del 15 de marzo”.
