Ceuta y Melilla

Redadas nocturnas en bosques a las afueras de Ceuta para localizar a los últimos inmigrantes

Están agazapados para no ser devueltos a Marruecos

Una patrulla de la Guardia Civil junto a la valla que separa Melilla de Marruecos.

“Calma tensa” es la palabra que describe la situación actual en Ceuta, después de que la pasada semana se viviera una de las mayores crisis migratorias que se recuerda en España. De los casi 10.000 personas que se calcula que cruzaron la frontera, el Ministerio del Interior afirma que ya se han devuelto unas 8.000. La Policía Nacional está haciendo vigilancias nocturnas en los bosques de los alrededores de la ciudad para encontrar a migrantes escondidos, según informan fuentes del Cuerpo. 

Especialmente en las cercanías de la Playa de Benítez, la más concurrida de la bahía del norte y en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Los superiores han dado instrucciones para que se realicen estas batidas sobre el terreno, principalmente de noche porque es más sencillo localizarlos. “Son centenares probablemente los que quedan”, explican estas fuentes a Confidencial Digital. 

Los migrantes se han establecido en medio de la naturaleza o entre las colleras, dispersos para tratar de evadir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -que siguen desplegados en la zona- y evitar así que les devuelvan a Marruecos. La Policía indica que lo más peligroso sucede cuando realizan hogueras y la temperatura calurosa puede llegar a afectar este área. 

Durante las noches han sucedido algunas peleas o disputas y es el momento en el que la Policía más ha tenido que intervenir. “No sabemos si se han colado traficantes, por ejemplo”, explica un agente. Afirman que se producen llamadas por robos, peleas, aunque aseguran que cada vez es menos frecuente. 

La situación está recuperando cierta normalidad, aunque el Ejército continúa desplegado en la frontera y las fuentes consultadas por este diario no saben concretar el tiempo que seguirán allí. 

El problema de los niños 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta ahora el Gobierno es qué hacer con los aproximadamente 1.000 menores que están alojados en la ciudad. Se ha habilitado un número de teléfono para que las familias de Marruecos puedan localizar a sus hijos y, fuentes policiales, explican que los primeros días se produjeron entre 2.000 y 2.500 llamadas. 

También hay menores de los que no consta el paradero y en estas redadas que se producen, llegan a encontrar alguno que reagrupan en los cuatro recursos de emergencia que la ciudad ha habilitado. 

Los cuatro lugares habilitados son: un albergue que se habilitó en el pico de la primera ola de la pandemia para distribuir a los migrantes, pero que también estaba cerrado; un pabellón polideportivo; y dos naves que utilizaban de aislamiento preventivo desde hace meses para los migrantes que llegaban esporádicamente a las costas de la ciudad. 

Todo el alojamiento, la ropa, la comida y el higiene que proporcionan a los menores lo está sufragando la autonomía, aunque existen conversaciones con el Gobierno para distribuir algún fondo específico que se haga cargo del agujero económico. 

Los menores están divididos por edades. Hay algunos de los que no hay duda que son menores y otros de los que hay más duda. En este caso lo que suele hacerse es una prueba ósea que determine la edad del joven, pero fuentes de la comunidad explican que todavía no se han iniciado estas pruebas porque están a la espera de la reagrupación. 

Es decir, la prioridad es que todos ellos vuelvan con sus padres. Al ser la legislación del menor tan garantista no se permite una “devolución en caliente”, como si se ha realizado con el resto de migrantes, sino que hay que hacer un expediente por cada uno para que vuelvan con sus familias y, en caso de que esto se produzca, tiene que ser siempre en presencia policial. 

Los más pequeñitos se han distribuido también en una guardería de la ciudad que se empleaba para niños con familias desestructuradas o vulnerables. Las fuentes consultadas reconocen que muchos de ellos lo están pasando mal, que vinieron engañados, incluso sin contárselo a sus familias. “Un porcentaje muy importante quiere volver”, dicen.

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