Cataluña

Sánchez y Junqueras acuerdan retrasar la extradición de Puigdemont

No se modificará el delito de sedición con el fin de que su “excesiva dureza” sirva a la justicia europea como argumento para aplazar la entrega del ex president

Carles Puigdemont.
photo_camera Carles Puigdemont.

La detención de Puigdemont y la posibilidad de una entrega a España se ha convertido en un elemento de inestabilidad para el Gobierno, porque, por ejemplo dificulta a ERC aparcar sus posiciones maximalistas y firmar acuerdos en otras materias clave, como los Presupuestos. En esa situación, las dos partes han acordado una estrategia común con el fin de forzar el retraso de la extradición del ex president.

Según ha sabido Confidencial Digital, de fuentes conocedoras de las conversaciones, Moncloa y la Generalitat han concluido que “ahora les conviene a los dos gobiernos dilatar los tiempos”, para así evitar un fracaso prematuro del diálogo que amenace la hoja de ruta de la legislatura catalana y de la nacional.

Aseguran, además, que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha recuperado el protagonismo en las negociaciones discretas con el Ejecutivo, y él quien ha coincidido con Presidencia en que aplazar lo máximo la extradición de Puigdemont debe ser la estrategia a seguir para los próximos meses.

Aparcada la reforma del delito de sedición

El Gobierno decidió hace unas semanas aparcar la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, una medida en la que el Ministerio de Justicia, durante la época de Juan Carlos Campo, había trabajado durante meses. Estos trabajos se realizaban en paralelo a la concesión, a finales del pasado junio, de los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo.

Y, por el momento, no se ha puesto fecha a una posible reforma de ese delito, el más grave de cuantos se contemplan contra el orden público.

ERC retira la exigencia de la mesa de diálogo

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el nuevo protagonismo mediático de Puigdemont ha provocado que Junqueras se haya movilizado para apoyar que se aparque la reforma del delito de sedición. Como máximo líder de Esquerra, ha dado orden de retirar esa exigencia de la mesa de diálogo Gobierno-Cataluña.

Por el contrario, Podemos ha insistido en que la reforma del delito de sedición es un “compromiso”, y debe ser una de las primeras cuestiones que se aprueben en ese foro entre el Ejecutivo central y la Generalitat.

Durante el pasado curso parlamentario, el dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, apremió al Ejecutivo, concretamente al Ministerio de Justicia, a desplegar con urgencia dicha reforma, en el marco del proceso de desjudicialización del conflicto catalán.

Llegaron a remitir hace meses una propuesta a su socio en el Gobierno para lograr un consenso sobre la nueva redacción del delito de sedición en el seno del Ejecutivo, por entender que la actual es una “reliquia del pasado sin parangón en Europa”.

Un argumento para dilatar la extradición

Tras los indultos, Pedro Sánchez remodeló en profundidad su Gobierno, el pasado mes de julio, y en el Ministerio de Justicia sustituyó a Juan Carlos Campo por la también magistrada Pilar Llop.

Durante su etapa en el ministerio, Campo defendió en numerosas ocasiones la necesidad, y urgencia, de reformar, el delito de sedición. En aquella operación, además de Campo, participaron Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera, y Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia.

Según el ex ministro de Justicia, esa reforma era un modo de adecuar el Código Penal a los estándares penales europeos. Según las fuentes consultadas por ECE, precisamente esta consideración –la legislación española no es adecuada, por ser “excesivamente dura”-, es la baza principal que manejan ahora el Gobierno y ERC para que la justicia de la UE frene la extradición a España del ex president en los próximos meses, y lograr así dilatar uno plazos que permitan “un final de la legislatura tranquilo”.

Penas más bajas en el resto de la UE

El delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del ‘procès’ a penas de entre nueve y trece años de cárcel, es difícil de comparar con el resto de países europeos, tanto por las penas que lleva aparejadas como por la conducta que castiga.

En España, la sedición se penaliza con entre ocho y diez años de cárcel para sus promotores, y de 10 a 15 si se trata de cargos públicos. Esta valoración choca con las penas más reducidas que imponen otros estados europeos donde, además, a diferencia de España, se requiere el uso de la violencia para ser condenado por este delito.

Una de las características del delito de sedición español es que no forma parte los delitos contra la Constitución -como la rebelión- sino contra el orden público. No obstante, su redactado decimonónico todavía lo asemeja a la denostada ‘rebelión en pequeño’ pese a proteger un bien jurídico distinto, pues no castiga el ataque a la Constitución o a la integridad territorial sino el “alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones”.

En cambio, lo más habitual respecto a la sedición en los países de la UE es el castigo a la desobediencia y a la resistencia, cuya pena se va elevando en función de la violencia de la conducta o el uso de armas.

Justicia defiende que “hay que esperar”

Fuentes jurídicas consultadas por ECD tampoco han pasado por alto que el Ministerio de Justicia, en el que se encuadra la Abogacía del Estado, ha concluido este lunes que la posible entrega de Puigdemont a España tendrá que esperar hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre su inmunidad.

Ello no supone considerar innecesario o prescindible el pronunciamiento de la Justicia italiana, que ha citado a Puigdemont para el próximo 4 de octubre. Pero sí se entiende que lo coherente con la posición defendida por la Abogacía del Estado es interpretar que la orden europea de detención (OED), dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena en octubre de 2019, se encuentra ahora paralizada.

Este paréntesis temporal se debe a que el juez Llarena tiene presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -instancia superior al citado Tribunal General- una cuestión prejudicial o consulta, en la que cuestiona que la Justicia belga haya rechazado la entrega de Puigdemont (junto a la de los exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí) con el argumento de que fueron juzgados por un tribunal (el Supremo) que no era competente para ello, y que hay un informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que sostiene que en España no se respetan los derechos humanos.

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