Cataluña

Querella contra los Mossos por sancionar a un agente al que se le disparó el arma tras los atentados del 17-A

La escopeta del policía autonómico detonó accidentalmente cuando iba a identificar a un magrebí que gritaba en árabe en Reus un día después de los asesinatos terroristas en Barcelona y Cambrils

Agentes de los Mossos dEsquadra.
photo_cameraAgentes de los Mossos d'Esquadra.

19 de agosto de 2017, 2:30 de la madrugada, estación de autobuses de Reus (Tarragona). Una célula yihadista ha atentado dos días antes en Barcelona y Cambrils, y al menos el conductor de la furgoneta de La Rambla que asesinó a una quincena de personas está a la fuga. Los Mossos d’Esquadra han desplegado un dispositivo especial, Cronos, para capturarlo.

En ese contexto, a un agente que vigilaba la estación de Reus acudió a un aviso de que un magrebí estaba gritando consignas en árabe. Al bajar del furgón policial, al mosso se le disparó el arma larga, una escopeta de repetición marca Fabarm, que le había proporcionado su comisaría para este dispositivo especial, impactando a pocos centímetros del pie.

El suceso ahora ha llegado a los Juzgados de Instrucción de Reus, ya que, según ha sabido El Confidencial Autonómico, el sindicato USPAC ha decidido denunciar a varios altos cargos de los Mossos d’Esquadra por estos hechos.

Fue sancionado con 16 días de empleo y sueldo

El suceso fue investigado por la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos. Pero el resultado no consistió en investigar porqué se disparó la escopeta de forma accidental, sino que la DAI sancionó al agente con 16 días de suspensión de empleo y sueldo.

La sanción ha indignado al sindicato USPAC, que ha decidido contraatacar presentado una querella criminal por un posible delito contra los trabajadores en el ámbito de la salud y la seguridad laboral:

“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

La querella va dirigida contra Pere Soler, director general de la Policía de la Generalitat en el momento del suceso, y contra su antecesor, Albert Batlle, ambos como responsables del material y la preparación que recibió ese mosso.

La querella de USPAC pide al juez de Reus al que le toque instruir el caso que interrogue a Soler y a Batlle “para que puedan informar, como máximos responsables de la Direcció General de la Policia, de las medidas de prevención de riesgos y formación adoptadas para la utilización de las escopetas de repetición marca FABRAM”.

También solicitan que declare el agente sancionado, y el compañero que iba con él en ese servicio. Además, piden que también declare el inspector jefe del Área Básica Policial del Baix Camp-Priorat, que realizó un informe en septiembre de 2017 en el que denunciaba la falta de formación de los mossos en la utilización de las armas largas como esa escopeta, lo que supone un riesgo para la seguridad de los agentes.

Piden que declare Trapero

“La utilización de armamento por parte de la Policia de la Generalitat de Catalunya debe constar en un Plan de Prevención Riesgos Laborales, donde existan las indicaciones necesarias para su uso, formación y continuidad en la prácticas; para evitar un riesgo a los propios agentes que las utilizan”, se lee en la denuncia, que añade que “en mayor medida debe existir una protección y formación especial para la utilización de armas largas, y sobre todo las escopetas de repetición marca FABARM”.

Además, al haberse producido “una detonación accidental de este tipo de armas por un agente que puso en riesgo su vida, la de otros compañeros y la de la ciudadanía en general”, consideran que “es suficiente para la incoación de un procedimiento penal para la averiguación y esclarecimiento de los hechos”.

En la causa también pretende que declare Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos en el momento del suceso, apartado del mando por el Gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Quieren que aporte luz sobre las autorizaciones dadas para usar armas largas por parte de los agentes de Seguridad Ciudadana de los Mossos en el marco de ese Dispositivo Cronos posterior a los atentados yihadistas de agosto de 2017.

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