El PP rechaza subvencionar empresas que vuelvan a Cataluña: “Lo pagamos todos”
Argumentan que la medida no revierte la norma de Rajoy para facilitar la salida de compañías porque entonces no supuso ningún coste para las arcas públicas
- Agravio entre comunidades
- No revierte lo que hizo Rajoy: "Ahora lo pagamos todos"
- Enfado del Gobierno vasco
- Quejas de autonomías por otros pactos
El Partido Popular rechaza de pleno la propuesta que estudian Junts y el Gobierno para bonificar a las empresas que vuelvan a Cataluña tras la salida de decenas de compañías en 2017. En un primer momento, el partido de Carles Puigdemont exigió que se multara a todas aquellas corporaciones que abandonaron la autonomía hace siete años y que ahora rechazasen volver a establecer su sede social en la región catalana. El Ejecutivo no ha transigido con esta petición, pero sí ha aceptado incentivar el retorno de las empresas mediante ayudas económicas.
Agravio entre comunidades
En Génova rechazan dar cualquier tipo de ayuda económica a las empresas para que se sitúen en una u otra autonomía. La dirección popular considera que esta medida aumenta la desigualdad entre comunidades y supone un agravio comparativo para otras autonomías de España que no se ven beneficiadas por este tipo de ayudas para que las empresas recalen en sus territorios.
Unas subvenciones justificadas por el Ejecutivo como la forma de revertir las políticas adoptadas por Mariano Rajoy en 2017, cuyo objetivo fue facilitar la salida de empresas de Cataluña ante el clima de crispación originado por el referéndum ilegal del 1-O para evitar así que abandonaran España. Aquella decisión fue duramente criticada por el independentismo como una señal de desprecio y descapitalización de Cataluña desde el Estado.
No revierte lo que hizo Rajoy: "Ahora lo pagamos todos"
Los socialistas recogen ahora ese argumento para explicar que las ayudas no hacen sino dar marcha atrás a una decisión que también consideran errónea. Pero el PP niega la mayor: rechazan que estas bonificaciones a las corporaciones estén revirtiendo las iniciativas impulsadas por el último Ejecutivo del PP. “Entonces a los españoles no nos costó ni un euro. Las empresas que decidieron abandonar Cataluña lo hicieron por decisión propia y no hubo incentivos. Ahora somos todos los que pagamos que una compañía se ubique en una autonomía determinada”, aseveran fuentes populares.
Enfado del Gobierno vasco
El plan que estudia el Gobierno de Sánchez tras las peticiones de Junts ha levantado ampollas en otras regiones como el País Vasco, gobernada por el PNV. Como adelantó este sábado ECD, desde la formación nacionalista han afeado a Moncloa que planee poner en marcha unas ayudas que perjudicarían al resto de territorios. Todas las empresas que abandonaron Cataluña en el otoño de 2017 lo hicieron para instalarse en otras autonomías como la Comunidad Valenciana, Madrid o Euskadi, y desde el Ejecutivo vasco no ven con buenos ojos una medida que abre la posibilidad de que todas las corporaciones asentadas allí ahora salgan del territorio vasco para retornar a Cataluña.
Quejas de autonomías por otros pactos
Esta no es la primera vez que los acuerdos entre los separatistas y Moncloa generan rifirrafes entre territorios. Para que Junts no tumbara los tres decretos votados este miércoles —los primeros de la legislatura y que engloban decenas de medidas en materia de justicia, conciliación y ayudas sociales—los socialistas aceptaron conceder las competencias en inmigración al Govern. Esta cesión ha despertado el enfado de varias regiones: el lehendakari Íñigo Urkullo ha solicitado lo mismo para el País Vasco y Canarias, un archipiélago especialmente afectado por la llegada de inmigrantes en situación irregular, ha exigido una reunión urgente para aclarar la letra pequeña de este pacto. Sin embargo, el Gobierno no ha explicado en qué consiste específicamente el texto porque no se ha firmado ningún escrito, sino que, de momento, se trata de un compromiso a ejecutar en el futuro.
Además, la posibilidad de conceder estas competencias —siempre estatales al tratarse de las fronteras de España— abre la puerta a una situación anómala: que las autonomías controlen todo lo referente a extranjería cuando el artículo 149.1.2 de la Constitución señala que se trata de una "competencia exclusiva" del Estado.
