Junts quiere blindar su ley de amnistía con informes de catedráticos
Los independentistas apoyaron las enmiendas de los socialistas en el último momento porque también consideran que dificultarán que los jueces la tumben
Junts ha trabajado con un equipo de juristas para “pulir” la Ley de Amnistía. La formación independentista lleva semanas elaborando las enmiendas con máximo cuidado para intentar evitar futuros problemas que los jueces aprecien en la norma, según h a podido saber Confidencial Digital de fuentes de la fuerza soberanista. El partido del expresident Carles Puigdemont busca que el Tribunal Constitucional no aprecie inconstitucionalidad alguna en la ley y que los jueces no encuentren ningún motivo para paralizarla.
La formación es consciente de que la amnistía ha despertado mucha polémica y fuertes críticas de expertos juristas por su posible incumplimiento de la Carta Magna. Tanto el Partido Socialista como las formaciones independentistas ya trabajaron durante semanas en octubre y noviembre para confeccionar la exposición de motivos de la ley. Una argumentación de la que depende —según expertos en derecho constitucional consultados por ECD— el visto bueno del TC cuando el Partido Popular recurra la medida propuesta por los socialistas.
Apoyar las enmiendas del PSOE
La formación independentista apoyó el pasado jueves las enmiendas propuestas por el PSOE y Sumar, pactadas con el resto de formaciones como EH Bildu, BNG o Esquerra Republicana. Estas modificaciones ahondan en la delimitación de la amnistía a actos produces solamente durante el procès separatista que comprende desde 2012 hasta 2023 y quedan excluidos los delitos contra la comunidad internacional.
También se ha acordado que sean los “órganos judiciales (...) que estén conociendo” la causa judicial, los que decidan si levantar o no las medidas cautelares. En el redactado original se apuntaba que fuesen los “órganos competentes”, sin especificar que debían ser los que llevasen cada caso. Esta referencia sería útil en caso de que se pide opinión al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues serían los tribunales españoles —que llevan cada caso— lo que tendrán las competencias según este articulado.
“Hemos votado sí porque creemos que estas enmiendas mejoran la ley”, afirman fuentes de Junts. “Pero las nuestras las mejoran más”, apuntillan. “Es importante cubrir todos los flecos jurídicos para que nadie se oponga a esta medida”.
Las 12 enmiendas de Junts
Junts ha presentado una docena de modificaciones. Algunas han provocado el rechazo de los socialistas, aunque los independentistas confían en llegar a un acuerdo antes de la comisión de Justicia de este martes donde se debatirán los cambios propuestos por la formación de Puigdemont. El PSOE también quiere cerrar este capítulo cuando antes, pero hay una discrepancia fundamental: Junts quiere incluir en la amnistía a los condenados por terrorismo. Desde el partido separatista explican que “en el independentismo catalán no hay terrorismo”. Una afirmación compartida, según Junts, por el PSOE y el resto de aliados parlamentarios que aprobaron la amnistía en el Congreso de los Diputados.
Pero los socialistas no ven con buenos ojos incluir este tipo de delitos, a pesar de que no haya condenas firmes en este sentido. Sin embargo, Puigdemont y la dirigente de ERC, Marta Rovira, sí están siendo investigados como responsable de un posible acto terrorista, pero muy lejos de sentenciarse.
Los postconvergentes también pretenden ampliar el periodo de aplicación de la ley hasta noviembre de 2011. Dos meses antes de lo acordado en el texto original. Según trasladan desde Junts, esta modificación responde a casos investigados por el Tribunal de Cuentas en dicho periodo, pero rechazan dar nombres: “Esto no es una ley con nombres”, justifican.
Críticas desde la Justicia
Distintos órganos judiciales se han pronunciado en contra de la amnistía. Una oposición, conocida por los partidos que han desarrollado la ley, pero que pone de manifiesto la importancia de no cometer ningún error jurídico en el texto y pulir al máximo el redactado de la norma. El Consejo General del Poder Judicial aprobó una declaración en contra de la amnistía incluso antes de conocerse el texto definitivo y prepara un dictamen cuando avance su tramitación. El órgano de gobierno de los jueces no quiere influenciar en el proceso legislativo, según informa El Mundo, pero ya ha mostrado su rechazo frontal a la proposición de ley.
La Asociación de Fiscales también criticó la norma y solicitó la dimisión del Fiscal general del Estado por no posicionarse en su contra. Las cuatro organizaciones de jueces —tanto conservadoras como progresistas— se han opuesto a la ley de amnistía al considerar que quiebra la independencia judicial.
