Junqueras prepara —con la venia del Pedro Sánchez— su venganza hacia Madrid: la Armonización Fiscal

Oriol Junqueras está llamado a desempeñar un papel decisivo en las relaciones entre Cataluña y el Gobierno tras el indulto. Pedro Sánchez convertirá al líder de ERC en el “principal interlocutor” para negociar los Presupuestos de 2022. De ahí que su discurso a las puertas de la prisión fuera seguido hace unos días con atención desde La Moncloa.

El ex vicepresidente de la Generalitat, que fue el último de los presos en tomar la palabra, y cuyo indulto ha justificado el Ministerio de Justicia por su “peso indiscutible en las relaciones entre Cataluña y España”, se convertirá en el principal interlocutor de Pedro Sánchez, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de Moncloa.

Esas fuentes aseguran que será el líder de ERC, y no el president Pere Aragonés, el que llevará “de verdad” las negociaciones sobre los Presupuestos del año que viene, al margen de la mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.

“Rehabilitación pública” de Junqueras

Según las fuentes del Ejecutivo consultadas por ECD, Sánchez está dispuesto a contribuir a la “rehabilitación pública” de Junqueras, que se encuentra entre los líderes independentistas cuyos bienes serán embargados por el Tribunal de Cuentas.

Será, de hecho, una de las peticiones que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, trasladará a Pedro Sánchez este martes, en la cumbre en La Moncloa, así como iniciar en ese foro bilateral la negociación de una ley de Amnistía para los “3000 represaliados”, y la celebración de un referéndum de autodeterminación a partir de 2023.

En el entorno del presidente del Gobierno valoran positivamente que Junqueras haya sido el único de los indultados que, tras salir de la cárcel, ha defendido “volver a trabajar desde la política”, para conseguir, eso sí, “cumplir el sueño de una república catalana”.

Las conversaciones arrancarán en julio

Fuentes próximas a La Moncloa revelan a Confidencial Digital que el objetivo de Pedro Sánchez es tener todo preparado para comenzar a negociar los Presupuestos de 2022 con el presidente de ERC, una vez se ‘digieran’ los indultos.

La prioridad que se ha marcado en las negociaciones con los socios de investidura es recabar los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas. El techo de gasto, que marca el arranque del proceso de elaboración de los Presupuestos, debería haberse aprobado en el primer semestre, como recoge la Ley de Estabilidad.

Aunque eso ya no va a poder ser así, en Hacienda no se han quedado de brazos cruzados. La idea es sacar adelante el techo de gasto antes de las vacaciones de agosto.

Después, ese indicador debe ser ratificado por el Parlamento. A partir de ahí, con esa base, solo habría que ajustar las partidas. Por ello, hablan de que están listos unos “presupuestos ficticios”, aunque con un planteamiento bastante definido en los conceptos de carácter fijo, que apenas varían cada ejercicio y es posible tenerlos cerrados.

En esta ocasión, el presidente se ha propuesto, una vez se autodescarte Ciudadanos para la negociación, lograr el apoyo de ERC a las cuentas. Intentará convencer a Oriol Junqueras rescatando el plan de armonización fiscal que castiga a Madrid.

Presupuestos al Congreso en octubre

El respaldo de Esquerra a los Presupuestos del año que viene, en las negociaciones que se iniciarán en los próximos días y a lo largo del mes de julio, resulta uno de los aspectos fundamentales para apuntalar la legislatura hasta 2023.

Todo este trabajo por adelantado y silencioso durante el verano, persigue presentar los Presupuestos en septiembre, como marca el calendario tradicional, y poder así comenzar la tramitación parlamentaria en el Congreso a partir de octubre, para tenerlos aprobados antes de final de año.

Castigo a Madrid con la armonización

Hay que recordar que Esquerra alardeó públicamente, el pasado mes de noviembre, de haber conseguido un pacto con el PSOE para “acabar con el paraíso fiscal de Madrid” a cambio de su apoyo a los Presupuestos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sacó pecho de que lo que se pretende es que el impuesto de Patrimonio sea más progresivo para las grandes fortunas, y así “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”.

Fuentes próximas al Ministerio de Hacienda reconocen a Confidencial Digital que el Gobierno está dispuesto ahora a avanzar en ese plan de los socios de ERC, y que también apoya Unidas Podemos, una vez celebradas las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

La Comunidad de Madrid es la única que tiene bonificado al 100% ese tributo, por lo que desde 2008 ningún contribuyente madrileño ha de pagar nada por Patrimonio.

Por eso, si la armonización del Impuesto de Patrimonio prospera, serán los contribuyentes madrileños los más perjudicados. En 2017, hubo en la región 18.132 declarantes por este tributo, con más de 9 millones de euros de media.

Sortear la resistencia de Díaz Ayuso

Según fuentes conocedoras de la propuesta sobre la que trabajarán el Gobierno y ERC, el objetivo oculto de esa reforma es que el Estado se haga con el control del Impuesto de Patrimonio, tributo ahora totalmente cedido a las autonomías, y determinar desde el Ministerio de Hacienda qué impuestos sobre la riqueza se pagan a nivel estatal.

Ese planteamiento permitiría sortear la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien se niega en redondo a cobrar el impuesto en la Comunidad de Madrid, y a la vez fulminaría de un plumazo una competencia autonómica clave a nivel fiscal.

La Ley de financiación otorga a las autonomías la capacidad de decidir sobre el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, sobre el tipo de gravamen, y sobre sus deducciones o bonificaciones.

Armonización fiscal sin recentralizar

En Moncloa se ha apostado por esperar a la  , que se incluirá en los Presupuestos de 2022, y entonces introducir modificaciones respecto a este impuesto.

Además, en Hacienda explican que el planteamiento consistiría en subir los impuestos no solo a los madrileños, sino que implicaría igualar en todas las autonomías esos tributos o, al menos, fijar unas franjas que no se puedan rebasar ni al alza ni a la baja (unos topes máximos y mínimos de tributación a los que todos tendrían que ceñirse).

En la práctica, si esto se lleva adelante, supondrá una subida de impuestos para los contribuyentes de las comunidades con fiscalidad más baja -no sólo para los residentes en la Comunidad de Madrid-, pero, al mismo tiempo, implicará una bajada para aquellas que tienen impuestos más altos, en las que los contribuyentes saldrán beneficiados.