Un juez solicita a Interior la auditoría sobre la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con los Mossos
Admite la petición de la asociación Jucil, que denuncia que ha solicitado en cinco ocasiones los documentos y el ministerio no se los ha facilitado
Jucil, la asociación con más representantes en el Consejo de la Guardia Civil, ha conseguido que uno de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo reclame al Ministerio del Interior el expediente sobre el acuerdo por la equiparación salarial que firmó en 2018 el ministerio con una mayoría de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Esta asociación de guardias civiles, que critica que ese acuerdo se quedó corto y no supuso una equiparación “real” con los agentes de los cuerpos autonómicos de policía, denuncia que había solicitado en cinco ocasiones esta documentación, en un año.
Sin embargo, el Ministerio del Interior se negó a facilitar esa información. Jucil apunta que esas negativas le llegaron por el Portal de Transparencia. Ante ese bloqueo, la asociación decidió acudir a los tribunales.
El recurso ante un juzgado central de lo Contencioso-Administrativo ha dado fruto, ya que el juez ha reclamado al Ministerio del Interior que remita al juzgado el expediente con todas las actas, informes de auditorías, así como cuanta documentación de relevancia se confeccionó y aprobó en las reuniones celebradas durante el acuerdo de equiparación salarial firmado el 18 de marzo de 2018 entre el ministerio y los representantes entonces de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.
La documentación reclamada incluye también el resultado de la auditoría externa que la Secretaría de Estado de Seguridad encargó a la consultora Ernst & Young para que así una empresa externa analizara puesto por puesto las diferencias retributivas de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con mossos, ertzainas y otros policías autonómicos.
El estudio final de Ernst & Young fue muy cuestionado por algunos sindicatos y asociaciones, que ya hace años pidieron acceder al informe completo: la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también logró que una juez ordenara a Interior facilitar ese documento.
Como Jucil nació meses después de la firma del acuerdo, “precisamente por el desasosiego y el malestar creado entre los guardias civiles al comprobar que aquella prometida equiparación de salarios con otros cuerpos policiales no ha sido real”, apunta el secretario general, Ernesto Vilariño, en los últimos meses solicitaron “las actas y el resto de información para comprobar qué se ha cumplido y qué se firmó por parte de los entonces representantes de los guardias civiles”.
La primera petición la registraron a finales de 2021. “Transcurridos dos meses, en marzo de 2022 y ante el silencio del ministerio, Jucil presentó una reclamación con carácter potestativo a la que tampoco contestaron. En julio de ese año se elevó una solicitud de expedición de certificado de silencio administrativo que tuvo respuesta a través de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se informó que la solicitud inicial había sido resuelta supuestamente mediante una resolución expresa en el Portal de Transparencia. Este procedimiento se ha repetido de nuevo”.
Una vez que Interior no les entregó el expediente, a finales de 2022 recurrieron a los tribunales: “Solo al final del proceso administrativo de más de un año, hemos acudido al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo para que sean los tribunales quienes reclamen estos expedientes, podamos conocerlos y, a partir de ahí serán nuestros servicios jurídicos quienes decidan si iniciamos una demanda por los incumplimientos que consideramos que se han producido y que perjudican a miles de guardias civiles y de policías nacionales”.
