El Gobierno rechaza investigar el espionaje del Estado a móviles de independentistas como exigen sus socios Podemos y ERC

Moncloa ha echado el freno en medio del aluvión de críticas por el supuesto espionaje a políticos catalanes y ha descartado por ahora abrir la investigación que exigen sus socios Podemos y ERC. No activará a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía mientras los líderes supuestamente espiados no lo denuncien en los tribunales.

Según adelantaron este lunes el diario El País y el semanario estadounidense ‘New Yorker’, al menos 63 independentistas fueron víctimas de una intervención telefónica a través del programa Pegasus, que solo pueden adquirir los gobiernos. La información fue recopilada en un informe de ‘Citizen Lab’, plataforma de investigación de la Universidad de Toronto (Canadá).

Por el momento, el Ejecutivo español ha eludido toda responsabilidaden el escándalo y ha defendido que no tiene constancia de que se haya espiado a líderes independentistas a través de su teléfono móvil.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no aclaró este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, si el Gobierno abrirá una investigación interna. Únicamente precisó que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones “si no es al amparo de la ley y del derecho”.

Y zanjó el asunto, anunciando que la titular de Defensa, Margarita Robles, ha pedido su comparecencia en el Congreso para explicar el caso, sin negar en ningún momento que este espionaje haya podido existir.

Sin aclarar el papel del CNI

Además, Moncloa y Defensa tampoco han aclarado el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en esta operación amparándose en la ley de seguridad nacional.

La ministra portavoz apuntó este martes que el Gobierno no tiene “nada que ocultar”, para añadir después que en un contexto de seguridad nacional, “por ley”, hay “asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta”, y el Ejecutivo se atiene a la ley “en estas cuestiones”. Fue su respuesta ante la pregunta de si podía garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus.

Congelado el diálogo con Moncloa

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió este martes a Pedro Sánchez que el caso de espionaje puede tener “consecuencias políticas”. Hasta el punto de que ha congelado el diálogo con Moncloa hasta que no se abra una investigación interna exhaustiva con supervisión externa.

Consideró importante que el Gobierno asuma las responsabilidades para que las relaciones “vuelvan a normalizarse”.

Acusó al Ejecutivo central de estar detrás del supuesto espionaje y presentó al Govern como un afectado de la “guerra sucia” del Estado contra el independentismo. Pero no ha anunciado por ahora ninguna acción judicial.

Podemos exige que “rueden cabezas”

Por si fuera poco, el presunto espionaje a decenas de dirigentes independentistas también ha movilizado a Unidas Podemos. El socio de coalición del PSOE en el Gobierno ha expresado su malestar con la información que ha trascendido y ha exigido también a los Ministerios del Interior y de Defensa que inicien una investigación interna para depurar responsabilidades.

El portavoz del Grupo Confederal en el Congreso, Pablo Echenique, se mostró contundente este martes. “Lo que he dicho es suficientemente significativo. Soy portavoz de un grupo parlamentario que forma parte del Gobierno y acabo de decir que el ministro de Interior y la ministra de Defensa tienen que iniciar una investigación y tienen que rodar cabezas. Esto no es aceptable en una democracia moderna y creo que tienen que disiparse todas las dudas”, insistió, ante las preguntas de los medios.

Ir con máxima cautela

Oficialmente, el Ministerio de Interior asegura que no ha tenido nunca ninguna relación con la empresa NSO. Se desmarca de la empresa desarrolladora del programa espía Pegasus con el que supuestamente fueron intervenidos los teléfonos.

Remarcan que ni el Ministerio, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han tenido relación con esta compañía ni han contratado ninguno de sus servicios.

Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen a Confidencial Digital que en Interior no se quiere dar nada por seguro porque “somos el Gobierno y tenemos que tener el máximo de los cuidados”.

Por ello, a lo más que ha llegado el Ejecutivo es a evidenciar que, en caso de confirmarse lo publicado, “son actuaciones muy graves”, pero que de momento desconoce “si se ha espiado o quién ha espiado”.

No dar nada por supuesto

Según fuentes conocedoras del plan de respuesta de Presidencia, el Gobierno ha diseñado una estrategia clara: no dar nada por supuesto. En caso contrario, “luego nos lo recuerdan siempre las hemerotecas”, apunta un alto cargo de La Moncloa.

Así, Interior ha decidido que la Brigada de Asuntos Tecnológicos de la Policía Nacional solo investigará el caso previa denuncia interpuesta por los políticos catalanes afectados.

“Quien haya visto vulnerado algún derecho, que acuda a la Justicia” responden a ECD fuentes del Ejecutivo. Llegado el momento, la administración “colaborará en todo lo posible”.

No lanzar sospechas contra el PP

Además, altos cargos de la Seguridad del Estado explican a ECD que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido advertido de que debe evitar alimentar también recelo alguno sobre el anterior Gobierno del PP. Hay que desterrar desde el actual gabinete cualquier sospecha sobre posibles espionajes en la era Rajoy. Y esa es la instrucción que se ha lanzado desde Moncloa a los ministros y dirigentes socialistas para responder cuando se les pregunte públicamente por este caso.

La consigna es que no se debe entrar en estas hipótesis. Al contrario, el mensaje  que debe lanzarse a la ciudadanía es que no se trata en absoluto de una práctica generalizada.

A los servicios de seguridad no les consta

Hay que recordar que El País y The Guardian ya desvelaron en junio de 2020 que una investigación de ciberseguridad concluía que el móvil de Roger Torrent (ERC), entonces presidente del Parlament de Cataluña, había sido objetivo del programa espía Pegasus, que sólo está al alcance de cuerpos de policía y servicios de inteligencia que buscan “destripar” todo lo que lee, habla y escucha el usuario del teléfono.

Los independentistas llevan desde entonces exigiendo al Gobierno que aclare si el CNI u otro servicio de seguridad español encargaron este hackeo. Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, preguntó al Ejecutivo por qué no se menciona el caso en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2020.

La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez fue muy escueta: informó que “en el Departamento de Seguridad Nacional”, que dirige el general Miguel Ángel Ballesteros y dependía entonces del Gabinete de Presidencia de Iván Redondo, “no hay constancia de denuncias, ni datos que avalen la existencia de ataques con el programa Pegasus a ciudadanos españoles”.

El Parlamento Europeo sí investigará

En cambio, el Parlamento Europeo sí estudiará casos de espionaje con el programa de Pegasus en países europeos, incluido el de los dirigentes independentistas.

Este martes se constituyó la comisión de investigación centrada en el uso del software de la empresa israelí NSO, una iniciativa pactada hace meses pero que arranca justo cuando se conocen nuevos casos como el ciberataque contra el móvil del comisario de Justicia, Didier Reynders, y el que afecta a los líderes del movimiento separatista en Cataluña, incluidos los actuales eurodiputados Toni Comin, Jordi Solé y Diana Riba.