El Gobierno ofrece a ERC rebajar los delitos de sedición y malversación a cambio de crear el de "atentado a la Costitución"

Pedro Sánchez se comprometió tras su investidura a la revisión del tipo penal de sedición, aduciendo a la necesidad de homologarlo a lo establecido en otras democracias europeas. Sin embargo, Moncloa ha dado un paso más en su negociación con ERC y ha incluido en secreto la rebaja también de la pena por malversación, a cambio de crear el “delito de atentado a la Constitución”.

En la última semana, ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha apoyado la necesidad de una revisión del tipo delictivo. Lo explica asegurando que existe una “desproporción” de las penas con respecto al resto de delitos contra el orden público.

A mediados del año pasado, el Gobierno acabó aparcando la reforma del Código Penal porque Esquerra no la veía como una solución para librar de la cárcel a los implicados en causas del ‘procès’. Ahora, el partido de Oriol Junqueras ha decidido recuperarla en paralelo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

El cambio no libraría necesariamente de la cárcel a quienes aún están pendientes de juicio, como el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, aunque probablemente, de entregarse a la justicia, no entrarían en prisión preventiva.

Además, su castigo sería mucho menor que el impuesto por el Tribunal Supremo a otros líderes independentistas como Junqueras (13 años por sedición en concurso medial con malversación) o Joaquim Forn (9 años y 6 meses solo por sedición).

El nuevo delito de “atentado a la Constitución”

Sin embargo, las dificultades para llegar a un acuerdo -sobre el que, según fuentes de Moncloa aún no se ha empezado a negociar pese a la afirmación de Pere Aragonès de que ya ha habido intercambio de papeles-, no se reducen, en todo caso, a ese aspecto concreto.

Confidencial Digital ha tenido acceso al documento remitido en las últimas horas por Presidencia del Gobierno al Palau de la Generalitat para garantizar el respaldo de ERC a los Presupuestos, cuyo debate de totalidad arranca este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Como aspecto más novedoso, el Ejecutivo propone “tipificar algún tipo de delito para atentados a la Constitución y a la integridad territorial de España”.

En el equipo de Pedro Sánchez siempre han dejado claro que una reforma de este calado no puede limitarse a un solo artículo, y que si se quita de un lado habrá que poner de otro para –destaca en el escrito- no dejar “desarmado al Estado” frente a actuaciones que, según califican en el propio texto enviado al equipo de Aragonès, son “muy graves”.

Rebajar también el de malversación

Mientras el diálogo entre Gobierno y Generalitat intenta abrirse paso, todavía quedan pendientes de celebrar varios juicios vinculados al ‘procès’. Y algunos de ellos pueden desembocar en penas de prisión para los acusados, al incluir delitos como la sedición, la malversación o la prevaricación.

En el caso de los líderes huidos, la maquinaria se pondrá en marcha cuando estén a disposición de la justicia española. Hay procesos que están en manos del fiscal, que debe presentar su escrito de acusación, y otros todavía se están instruyendo.

Por ello, ERC ha puesto también el foco en la malversación, que comporta asimismo una pena de prisión. De hecho, Moncloa incluye como novedad en su oferta, a la que ha tenido acceso ECD, la rebaja del castigo por ese delito, después de que la Generalitat le haya insistido en que nadie más relacionado con el ‘procès’ debe entrar en prisión.

Cargos de ERC pendientes de juicio

Hay que recordar que los diputados de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por su papel en los preparativos del referéndum del 1-O.

De entrada se les atribuyen los delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos. Sin embargo, todavía falta que la Fiscalía presente su escrito de acusación, en el que puede incluir o no todos estos delitos. Estas pesquisas derivan de la causa abierta contra ex altos cargos de la Generalitat por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Entre los 28 investigados se encuentran también la que era presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA); los ex directores de TV-3 y Catalunya Radio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera delegado del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj, y el ex secretario del Diplocat, Albert Royo. La fiscalía está ultimando su escrito de acusación.

Desobediencia al Tribunal Constitucional

Los artículos 544 y 545 del Código Penal de 1995 reproducen sustancialmente el texto del delito de sedición tipificado en el código de 1848, mientras la mayoría de los países de nuestro entorno carecen de esa figura: o no existe como tal o va asociada a otros delitos contra el orden público, como la desobediencia.

En la propuesta enviada por el Gobierno a la Generalitat se plantea además un refuerzo del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, a través de la creación de una figura clara referida a la desobediencia al TC, figura que, al igual que el delito específico de atentado a la Constitución, hoy no existe.

Hay que recordar que la Generalitat de Cataluña (su Parlamento) hizo caso omiso a los mandatos del TC en materia de constitucionalidad y de sus advertencias sobre la necesidad de suspender la convocatoria del referéndum del 1-O, decisión no respetada por el Gobierno catalán.

Lo que era evidente era la nulidad radical de todos los actos subsiguientes y la correlativa acumulación de prevaricaciones. Pero la necesidad adicional de apreciar desobediencia era dudosa, y discutible cómo se construiría dicha desobediencia, cuya pena de inhabilitación es, además, menos grave que la correspondiente a la prevaricación.

La reforma del ex ministro Campo

La reforma en la que estuvo trabajando durante varios meses el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo -sustituido por Pilar Llop poco después de que el Gobierno concediera los indultos a los condenados por el 1-O- apuntaba a una rebaja notable de la horquilla de años de prisión atribuibles al artículo 545 de Código Penal, usando como referentes las legislaciones de Alemania, Francia, Italia y Portugal.

Si en España la sedición se castiga con penas de entre 8 y 10 años de cárcel para quienes induzcan o dirijan la sedición e incluso hasta 15 si se trata de personas “constituidas en autoridad”, en esos países delitos similares (aunque no exactamente iguales) se mueven entre los tres y los ocho.