El Gobierno da libertad al Govern de Cataluña sobre el uso del castellano en la enseñanza

El pasado 14 de enero, el Congreso de los Diputados recibió una solicitud del diputado del Grupo parlamentario Mixto, Pablo Cambronero Piqueras. En el escrito el diputado alude al incumplimiento de un centro escolar en Manresa de la Sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. 

Según asegura Piqueras, hay un conocimiento público de que un Instituto de Manresa se ha negado a acatar la sentencia del Tribunal Supremo. Al parecer este centro educativo sigue las recomendaciones de la Generalidad Catalana, que supuestamente conmina a no cumplir una resolución judicial del Tribunal español. 

Tras esta exposición, el diputado solicitó la respuesta del Gobierno acerca de la desobediencia de una institución como la Generalidad Catalana a dar cumplimiento a una Sentencia judicial del Tribunal Supremo. 

El Gobierno desampara a los alumnos

A esta pregunta, el gobierno responde: “la Generalitat de Cataluña será la que deberá ejecutar la sentencia, en los términos que le indique el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”. Con esta contundencia permite la libertad de actuación del gobierno catalán, pero a su vez desdice la sentencia del Tribunal Supremo, pero para no dar pie a especulaciones, asegura respetar las decisiones de los Tribunales de Justicia. 

Por otro lado, el Gobierno menciona la LOMLOE, donde en uno de sus puntos menciona: 

“1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.

2. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.”

Mientras, Pere Aragonés sigue afirmando que “el castellano en los colegios no se toca”, cuando numerosos padres han sufrido acoso porque sus hijos utilizan el castellano en las aulas. 

Además, la Generalitat ha instado a las escuelas a no realizar cambio alguno en sus planes lingüísticos.

Con la nueva redacción de la Ley, cualquier régimen de cooficialidad lingüística debe garantizar que todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.

Por tanto, el Gobierno da total libertad al organismo catalán para imponer o eliminar cualquier aspecto lingüístico de las aulas.