Funcionarios de prisiones denuncian las “brutales agresiones” que reciben de los presos en Cataluña

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha concentrado este viernes ante los centros penitenciarios de Quatre Camins, Brians 2 y Jóvenes de Barcelona y ante el CP de Mas d’Enric en Tarragona en defensa de los trabajadores penitenciarios y en protesta por las últimas agresiones sufridas por funcionarios en las prisiones catalanas. 

Los funcionarios sostienen que se sienten indefensos y sin amparo por parte de las instituciones y no pueden más. El detonante de esta situación han sido las últimas seis agresiones que funcionarios de diferentes centros han sufrido agresiones brutales que les han provocado la baja laboral. 

Impunidad delincuencial

El coordinador de Csif de presos en Cataluña, Alberto Gómez, denuncia la situación que viven a diario estos profesionales que sienten un vacío legal importante cuando son gravemente heridos por personas que están privadas de libertad. “Llevamos denunciando esta impunidad desde hace años. El modelo penitenciario catalán tiene cosas buenas, pero ganan las malas cuando no hay autoridad”, sostiene Alberto. 

“Las instituciones no se dan cuenta que los funcionarios trabajan con emociones, trabajan con personas privadas de libertad y si brotan el funcionario en cuestión se lleva la peor parte”; prosigue el coordinador. 

Las agresiones se disparan

La primera agresión grave se produjo el pasado 31 de octubre, en el centro de Lleida. Un funcionario, agredido por un recluso, terminó ingresado en el hospital con una afectación en el globo ocular. Aunque ya está fuera de peligro, ha decidido seguir de baja, ya que le ha provocado un impacto psicológico importante. 

Después de esta, se han sucedido otras cinco agresiones. Este lunes en la prisión de Brians 2 (Barcelona) y el martes se produjo otra que ha conllevado la pérdida parcial de una falange de una mano de un funcionario. 

Falta de personal e infraestructuras obsoletas 

Este conflicto en parte, lo achacan a la falta de personal y a las infraestructuras antiquísimas de las que disponen. Las herramientas de comunicación entre funcionarios son un walkie-talkie y a veces no funciona; así lo asegura Alberto. 

También cuentan con otro hándicap, los continuos controles que reciben por parte de asociaciones y plataformas que defienden los derechos del preso. Estas reciben subvenciones por parte del gobierno catalán. Las mismas que se hacen eco de las denuncias — en un 90% falsas— de los internos que al final no conducen a nada porque no son ciertas, pero al sentirse escuchados, se crecen y sienten esa impunidad. 

Llevan desde el 2016 sin ningún amparo institucional que les dote de autoridad para actuar en situaciones de conflicto. Tanto es así que el secretario de medidas Penales de la Generalitat, Sergi Blázquez, sostenía la idea de apoyar la práctica deportiva en los centros para que los reclusos no pensarán en la posible situación personal del exterior. Csif en este sentido, le apoyó la idea pero le mostró su disconformidad en el momento que tuvieran que explicarle a los condenados que también existen y deben acatar unas normas de juego que dictan los árbitros (funcionarios de presiones). Es por ello, que reclaman una ayuda y cambio dele penitenciaria.