Cataluña

Cataluña dispone de 107 vacantes de jueces por la fuga de magistrados tras el procés

Desde el mes de enero han abandonado su puesto 18 titulares de juzgados para marcharse a otras comunidades autónomas

El presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes y el Rey Felipe VI en la entrega de despachos a los 188 nuevos jueces de la última promoción de la Escuela Judicial, en Barcelona el 29 de noviembre de 2021.
photo_camera El presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes y el Rey Felipe VI en la entrega de despachos a los 188 nuevos jueces de la última promoción de la Escuela Judicial, en Barcelona el 29 de noviembre de 2021.

Los jueces y magistrados titulares de Cataluña continúan abandonando su plaza en la Comunidad Autónoma para solicitarla en otra ciudad. Desde que Artur Mas convocó en 2014 la primera consulta ilegal, dichos profesionales han estado intranquilos por las consecuencias que el independentismo podría tener sobre el poder judicial. 

Y es que Cataluña se encuentra desde hace varios años a la cabeza de losterritorios con más vacantes judiciales. Pues bien, desde hace cinco años, más de 220 titulares de juzgado han abandonado dicha ciudad para irse a otra, pero esta “fuga” todavía no ha acabado. 

82 en dos años

En los dos últimos años se han marchado 82. En 2021, 64 y en 2022, 18, según han explicado a Confidencial Digital fuentes judiciales.

Y aunque en este último se han marchado 18, de los cuales 10 son jueces y 8 magistrados, se han podido cubrir algunas vacantes gracias a los dos concursos de traslado que han surgido durante este año. Siete titulares procedentes de otras comunidades autónomas han decidido solicitar Cataluña como destino. 

107 vacantes sin cubrir

Actualmente hay 107 vacantes sin cubrir y, aunque consiguen “salir del paso” gracias a los jueces sustitutos, no hay suficientes para lograr ocupar todos los puestos y asegurar un buen funcionamiento de la justicia.

Según explicó Pablo Baró, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en la región a The Objective, “voluntariamente, del resto de España, nadie quiere venir. Los que vienen lo hacen por traslado forzoso, no queda más remedio que cubrir las vacantes de jueces que acaban de salir de la Escuela Judicial”.

Amenazas, pintadas…

Desde que se celebró el referéndum del 1 de octubre, jueces y fiscales sufrieron acoso, amenazas y pintadas tanto en los juzgados como en sus propios domicilios.

Por ejemplo, el magistrado Juan Antonio Ramírez, ya fallecido, sufrió pintadas en la puerta de su casa, al igual que Pablo Llarena, a la que acudieron en numerosas ocasiones. 

En 2018, 100 personas se encadenaron en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el objetivo, según los manifestantes, de “parar el máximo órgano de la injusticia del Estado español”. Se saldó con 14 detenidos.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, recordó el pasado 7 de septiembre en la apertura del Año Judicial el "gran papel" que hicieron los jueces en la época del procés "con escrupuloso respeto a la ley" pese a las críticas, presiones y descalificaciones a las que se vieron sometidos.

Todavía no hay plus económico

Ante la falta de motivación por parte de los jueces para trasladarse a Cataluña, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial solicitó al Ministerio de Justicia por iniciativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un plus económico para garantizar la cobertura y permanencia de la planta judicial en Cataluña. 

Pero según ha podido saber ECD por fuentes judiciales, ese plus todavía no ha llegado.

Aunque el detonante de solicitarlo haya sido la presión derivada del conflicto independentista, el problema de jueces en Cataluña viene de lejos por distintas causas como, por ejemplo, el coste de la vida, la falta de tradición opositora para el acceso a la carrera judicial, el idioma y un derecho civil propio, según fuentes consultadas.

En otras comunidades sí hay extra

En cambio, en otras comunidades, sí que existe este plus, aunque por otros motivos. Por ejemplo, en Navarra y País Vasco, en 2003, el Gobierno otorgó a jueces, fiscales y, posteriormente, a secretarios judiciales, un incentivo debido a la amenaza de la banda terrorista ETA y el rechazo por parte de la población.

Lo mismo ocurre en Ceuta, Melilla y Canarias, que los magistrados reciben un complemento salarial debido a la lejanía que existe con respecto a la península.

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