El proceso independentista en Cataluña no sólo ha derivado en las condenas judiciales del Tribunal Supremo a los impulsores de la intentona secesionista de octubre de 2017. También hay un goteo frecuente de sentencias contra manifestantes violentos que participaron en altercados callejeros durante los últimos años.

Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que hace unos meses condenó a dos años y cinco meses de cárcel a un hombre que participó en una protesta en la capital catalana, con motivo de la detención de Carlos Puigdemont en Alemania en marzo de 2018.

Altercados tras la detención de Puigdemont

Después de meses en Bélgica, país al que huyó para no comparecer ante la justicia española tras la declaración de independencia de Cataluña, Puigdemont fue detenido por las fuerzas de seguridad alemanas cuando el 25 de marzo de 2018 cruzó en coche la frontera entre Dinamarca y Alemania, por el land de Schleswig-Holstein.

Puigdemont pasó unos días en prisión provisional, pero finalmente fue puesto en libertad y no llegó a ser entregado a España. Sin embargo, la noticia de la detención parecía en su momento el fin de la aventura del ex presidente catalán en “el exilio”, como lo denominan los independentistas.

Eso provocó la reacción de enfado de muchos partidarios de la secesión. Algunos se unieron a las protestas convocadas de urgencia ese mismo día, que terminaron confluyendo en la Delegación del Gobierno en Cataluña, situada en la calle Mallorca, de Barcelona. Se registraron incidentes graves, cuando encapuchados comenzaron a atacar a los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra que protegían la sede de la Delegación del Gobierno.

Ataque con una defensa eléctrica

La sentencia consultada por ECD considera declarado que el condenado se encontraba ese día en el cruce de las calles Roger de Lluria y Valencia, cerca de la Delegación del Gobierno. Se separó de la masa de manifestantes “y se dirigió directamente hacia una de las agentes de los Mossos d’Esquadra […] y con absoluto menosprecio por el principio de autoridad, la acometió con una defensa eléctrica”.

Es decir, el manifestante esgrimía algo similar a una taser, un aparato que aplica descargas eléctricas. Con ella atacó a la agente, que pudo proteger el cuerpo, utilizando el escudo antidisturbios.

El atacante escapó entre la multitud y no pudo ser detenido, pero dos semanas después sí fue arrestado por los Mossos en otra concentración independentista. Asistió a una manifestación contra la presencia del rey en la entrega de despachos de la Escuela Judicial, a los nuevos jueces y magistrados. Los Mossos le fueron a identificar, y en ese momento este hombre trató de deshacerse de una defensa eléctrica. Se le incautó ese aparato, que estaba en perfecto estado de funcionamiento.

Conformidad con la acusación del fiscal

La agente de los Mossos que había recibido el ataque le reclamó 1.500 euros, como indemnización por los daños psicológicos que sufrió por el incidente.

En principio el procesado estaba acusado del delito de tenencia ilícita de armas, pero tanto el fiscal como la acusación particular, es decir, la mosso representada por un abogado de la Generalitat de Cataluña, retiraron esa acusación.

El fiscal pidió que se le condenara por dos delitos: atentado contra agente de la autoridad, y desórdenes públicos.

La abogada de la Generalitat sólo acusó finalmente por atentado contra agentes de la autoridad. Había retirado la acusación por el delito de desórdenes públicos. Hay que recordar que los independentistas consiguieron el compromiso del Govern de la Generalitat de que el gobierno autonómico dejara de ejercer la acusación contra los investigados en procesos judiciales por manifestaciones a favor de la independencia. Eso provocó la indignación de muchos mossos, que veían incongruente que el Departamento de Interior les mande controlar altercados en manifestaciones, y luego no les defienda cuando son agredidos por manifestantes violentos.

Al final, el acusado aceptó de conformidad el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

Suspendida la ejecución de la condena

En base a esa conformidad, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia. Condenó al acusado por un delito de atentado a agente de autoridad (artículo 550, apartados 1 y 2, y artículo 551.1º del Código Penal) a una pena de prisión de un año y seis meses.

Además, también le impuso 11 meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos (artículo 557 apartado 1 y 557 bis, 1ª y 3ª).

Por tanto, en total recibió una condena de dos años y cinco meses de cárcel.

A eso se le añade la obligación de indemnizar con 1.500 euros a la agente a la que atacó.

La ejecución de las penas de prisión fueron suspendidas por tres años, a condición de que el condenado no cometida ningún delito durante ese plazo, y a que pague una multa de siete meses a razón de tres euros diarios.