Carles Puigdemont rechaza regresar a España aunque sea ‘amnistiado’
Ha trasladado a su entorno que continuará como “president en el exilio” porque eso le permite confrontar con ERC y le convierte en alternativa a Pere Aragonès
- Alternativa a Pere Aragonès
- El Parlamento europeo acerca la extradición
- El futuro político de Puigdemont
- La aplicación de las euroórdenes
- La eliminación del delito de sedición
- Resolver las euroórdenes de extradición
La extradición del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España está más cerca. Asunto distinto es conocer, ante la decisión del Gobierno de reformar el delito de sedición, por qué causas le puede juzgar la justicia española. Sin embargo, Puigdemont no tiene intención de volver en este momento… aunque sea ‘amnistiado’.
La estrategia de defensa de Puigdemont, que arrancó en el mismo momento que decidió refugiarse en Bélgica con el asesoramiento directo del abogado Gonzalo Boye, e indirecto del líder de los comunes catalanes en el Congreso, Jaume Asens, pasó, por intentar ser investido presidente autonómico a distancia (2018), desde su residencia en Waterloo (Bélgica), y, después, por presentarse a las elecciones europeas de 2019 para blindarse con la inmunidad europea.
A la espera de ver cómo avanza la reforma de la malversación -y su vínculo con la sedición para los condenados o en búsqueda por el ‘procès’-, si Carles Puigdemont recupera la inmunidad y se elimina la sedición, no habría motivo para alargar más tiempo su estancia en Bélgica.
Está por ver, por lo tanto, si la recuperación de la inmunidad europea, en caso de que se produzca, permitiría ver al ex presidente de la Generalitat paseando por las calles de Cataluña a pesar de la orden de detención del juez Pablo Llarena.
Alternativa a Pere Aragonès
Sin embargo, las reformas legales que planea el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de secesión y de malversación, con el fin de beneficiar a los protagonistas de la intentona de 2017 como contrapartida por el apoyo de Esquerra a los Presupuestos, no acaban de convencer a Puigdemont.
Al contrario. A pesar del largo exilio en Waterloo, no está nada interesado en un posible regreso a España aunque se retiraran los cargos contra él. Es, al menos, el mensaje que ha trasladado a su entorno en los últimos días.
Fuentes nacionalistas catalanas confirman a Confidencial Digital que Carles Puigdemont prefiere continuar fuera, como “president en el exilio”, porque considera que esa posición le consolida como alternativa a los actuales dirigentes de ERC, representados sobre todo por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
El Parlamento europeo acerca la extradición
El Parlamento Europeo declaró el pasado viernes, ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que la Eurocámara permitió “probablemente de forma ilegal” a Puigdemont acceder a su escaño. Ocurrió en la vista del recurso que el presidente ha presentado contra la institución por haberle quitado la inmunidad.
La defensa del ex president, y de los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, defendió, por su parte, que la decisión de reformar el delito de sedición, por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, demuestra que sufren “una persecución política” para poder ser juzgados en España por el ‘procès’.
El futuro político de Puigdemont
Aunque el resultado de la deliberación no se conocerá hasta dentro de unos meses, la vista oral que comenzó la pasada semana en Luxemburgo decidirá el futuro político y personal, a corto plazo, de Carles Puigdemont y también la agenda política en Cataluña.
En juego está la inmunidad europea del que fuera presidente de la Generalitat desde 2016 a 2017, y que lideró, junto a Oriol Junqueras, el ‘procés’ independentista que el Tribunal Supremo definió como sedición.
La Sala Sexta del TGUE, formada por cinco jueces, tendrá que decidir si Puigdemont recupera la inmunidad que le correspondería como eurodiputado, que le fue retirada por el Parlamento Europeo en marzo de 2021 a petición del magistrado Pablo Llarena, para poder ser juzgado en España, país que, tras proclamar la independencia unilateral, abandonó en 2017 para evitar ser procesado judicialmente.
La aplicación de las euroórdenes
Al margen de la cuestión prejudicial del juez Llarena sobre la aplicación de las euroórdenes -derivada de la negativa de la Justicia belga a entregar a Lluís Puig para ser juzgado en España-, Puigdemont, con Toni Comín y Clara Ponsatí (también eurodiputados), recurrieron la pérdida de la inmunidad ante el TGUE.
Esta inmunidad les permite viajar por Europa sin que sean detenidos por las autoridades locales. Excepto en el país de origen, es decir, España, donde rige la inmunidad que tienen los diputados de las cámaras legislativas nacionales.
La eliminación del delito de sedición
El embrollo judicial tiene una derivada política clara y directa. Y a ésta se suma la decisión de PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de ERC en la iniciativa parlamentaria en el Congreso, de eliminar del Código Penal el delito de sedición.
Si la calificación del delito desaparece, no hay delito posible. Y, si no hay delito, no puede haber orden de detención y extradición. De hecho, este fue uno de los argumentos principales de la defensa de Puigdemont en la vista oral ante los cinco magistrados del TGUE. Una tesis que sumó a la de la persecución política por parte de España.
Resolver las euroórdenes de extradición
Fuentes judiciales consultadas por ECD destacan, no obstante, que la vista de la semana pasada sí constituye uno de los últimos pasos antes de que se resuelvan de forma definitiva las dos euroórdenes de extradición que Puigdemont tiene pendientes en Bélgica y en Italia.
Si el TGUE retira la inmunidad al ex presidente catalán, le impedirá seguirse moviendo libremente por la Unión Europea como hasta ahora, y obligará a ambos tribunales a resolver la petición del juez Llarena de manera favorable a los intereses de España.
Todo ello, pese a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar el delito de sedición, uno de los argumentos que el ex presidente de la Generalitat ha puesto sobre la mesa para evitar su entrega a las autoridades españolas.
Alega que, si el Ejecutivo tiene como intención dejar de penalizar este delito, no existe ninguna base para resolver a favor del Tribunal Supremo de España las dos órdenes de extradición que siguen activas en Europa.
