La Guardia Civil denuncia falta de apoyo institucional durante el 1-O
La Asociación Española de Guardias Civiles denuncia el "corporativismo" de la Audiencia de Barcelona
La Audiencia de Barcelona acusó a los agentes de la Guardia Civil de "exceso policial" durante las jornadas del referéndum ilegal del 1-O. Ahora, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se ha mostrado contrario a la decisión de la Audiencia, a la que ha acusado de "corporativismo".
Según ha declarado la AEGC en un documento, la Audiencia de Barcelona ha omitido la orden judicial de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron "conforme a órdenes judiciales" durante el 1-O.
La AEGC ha declarado que "siempre" ha respetado las decisiones judiciales, aunque ha añadido que esto "no quiere decir que no pueda discrepar de ellas" y ha sostenido que la Audiencia debería acusar "a quien dio la orden judicial, no a quien la cumplió".
Falta de apoyo judicial
José María Assalit, uno de los magistrados que firmó en 2013 un manifiesto a favor de una consulta legal de independencia en Cataluña, ha declarado que durante el 1-O "se produjo un exceso en la actuación policial” consistente en el "uso de porras golpeando a ciudadanos sin finalidad aparente". Como resultado, los ataques causaron “lesiones que seguramente no se hubieran producido de actuar de otra manera", en palabras del magistrado.
Por su parte, AEGC ha denunciado una orden judicial dictada por la magistrada Mercedes Armas, que cambió el operativo policial "cuatro días antes del referéndum ilegal". Según el sindicato, se pidió a los Mossos el cierre de los colegios electorales "con antelación". Pero la magistrada ordenó el cierre "el mismo día 1 de octubre ante miles de catalanes".
Ataque institucional
La AEGC ha denunciado que "cuando una institución tiene un problema su recurso siempre es culpar a la Guardia Civil", un "corporativismo" que "se utiliza para mancillar a los integrantes de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
El sindicato también ha acusado unas palabras del vicepresidente catalán, Pere Aragonès, que calificó a los agentes de "delincuentes”. Desde AEGC han pedido "el mismo respeto" que Aragonès ha reclamado para las personas encarceladas "por cometer un acto ilegal", ya que "nadie está preso por defender sus ideas".
