Tras la polémica de un colegio de Balaguer (Lérida)

Una asociación antiindependentista reclama una ley que garantice el derecho a estudiar en castellano

D'Espanya i Catalans se suma a la propuesta que UPyD llevó al Congreso para evitar discriminación lingüística en comunidades gobernadas por nacionalistas

Durante la última sesión de control en el Congreso, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán recordó el caso de la familia de Balaguer (Lérida) que tuvo que cambiar de centro escolar porque no pudieron matricular a sus hijos en una educación bilingüe. 


El partido magenta propuso en el mes de septiembre una ley nacional para garantizar el uso del español en todas las comunidades autonómas. Para que sea tramitada por la vía de urgencia -como quiere el partido de Rosa Díez- necesitaba el apoyo de alguno de los grandes grupos del Congreso. Finalmente, la propuesta fue rechazada por todos los grupos.

En la sesión de control, UPyD volvió a insistir al Gobierno para que haga todo lo posible por defender el derecho de los castellanohablantes. Esta casua ha recibido el apoyo de uno de los colectivos antiindependentista que organizaron la concentración del 12 de octubre en Barcelona, Espanya i Catalans.

Este colectivo defiende la propuesta que relizó en septiembre partido magenta para promulgar una ley orgániza que garantice el uso del español en todo el Estado. Aseguran que la medida es “indispensable” para evitar que se “atropellen” los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

Acusa de debilidad a los partidos nacionales

Espanya i Catalans asegura que el movimiento seccesionista ha cogido fuerza desde hace tiempo debido a la “pusilanimidad” de las fuerzas de carácter nacional.

Este colectivo asegura que independientemente de las orientación ideológica de cada formación, es necesario que la sociedad española reaccione ante el auge independentista. De hecho, ponen de ejemplo el caso de la familia de Balaguer.

Como ya informó este diario, una familia solicitó que sus hijos pudiesen recibir educación bilingüe en el centro escolar. Algo que levantó en cólera al AMPA y terminó con que -tras la presiones y la revelación de identidad- los padres decidieron matricular a sus hijos en otro centro fuera de la localidad para poder recibir educación en catalán y castellano.

La propuesta de UPyD recogía el derecho a elegir el español como lengua vehicular de la enseñanza. Por otro lado, también el derecho a utilizar el castellano en las administraciones públicas.

Además, las disposiciones producidas por la administración y los organismos públicos tengan que redactarse y publicarse al menos en castellano. El objetivo del partido magenta era que ningún candidato a un empleo público sea “discriminado” por no conocer una lengua cooficial. Eso conllevaría cambiar la puntuación para que el no conocer una lengua cooficial sea motivo de exclusión del candidato.  


 

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