Cataluña

Impide que los catalanes que residen en el resto de España puedan votar

Orden del Gobierno a Correos para que no reparta papeletas y propaganda de la consulta independentista

Ha advertido a la empresa pública que solo se debe a los encargos del ministerio de Fomento y no de la Generalitat de Cataluña

Correos no participará en el reparto de papeletas y propaganda electoral para la consulta independentista convocada por la Generalitat el próximo 9 de noviembre. La orden que ha recibido del Gobierno es clara: la empresa pública se debe a los encargos del ministerio de Fomento y no a las peticiones que pueda recibir de otras instancias, como por ejemplo de la Generalitat de Cataluña.

Correos cumple siempre que se produce una convocatoria de elecciones en España, en aplicación de la Ley electoral, con la obligación de servicio público para facilitar el voto por correo.

Pero la empresa pública no participará en el proceso de consulta independentista catalana. Según ha confirmado El Confidencial Digital, la compañía tiene lista una respuesta si la Generalitat se dirige a Correos para que colabore en el reparto de papeletas y propaganda electoral para esta convocatoria: se debe a la prestación de servicios que le encargue el ministerio de Fomento. Es la orden que ha recibido por parte del Gobierno central.

En otras convocatorias, como en el referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 2007, la empresa pública si facilitó el voto por correo.

Pero ahora se trata de una consulta ilegal, cuando así lo dictamine en las próximas horas el Tribunal Constitucional, y Correos si quiere estar desvinculado completamente del proceso. Esto impide, por ejemplo, que los catalanes que residen en el resto de España puedan votar a distancia en la consulta catalana.

El servicio postal universal, que en España realiza la empresa pública Correos y Telégrafos, S.A., implica la garantía de una red postal que llega a todos los rincones del territorio español y que se ajusta a unos precios preestablecidos por el Gobierno.

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