La ONG de los cooperantes secuestrados en Mauritania se convierte en una plataforma logística para enviar material a África, además el Gobierno ha vetado las caravanas solidarias

Se acabaron las caravanas solidarias. El Gobierno ha transmitido a las ONG su rechazo a este tipo de iniciativas, provocando la reestructuración de muchas de estas organizaciones. Es lo que le ha ocurrido a Barcelona acción Solidaria, a la que pertenecían los cooperantes secuestrados por Al Qaeda en Mauritania. Según publica El Confidencial Digital, la Secretaría de Estado de cooperación ha contactado con organizaciones con proyectos en África para trasladarles la recomendación del ministerio de Asuntos Exteriores de no volver a enviar las llamadas caravanas solidarias a la zona del Magreb, considerada "de alto riesgo" por el Gobierno. Los mensajes procedentes del Ejecutivo han provocado que algunas de estas ONG hayan tenido que cambiar de misión humanitaria o, directamente, suprimir este tipo de viajes. Es el caso de Barcelona Acción Solidaria, a la que pertenecían Roque Pascual, Albert Vilalta, y Alicia Gámez, los tres cooperantes secuestrados por Al Qaeda en noviembre de 2009. Voces autorizadas de la asociación, consultadas por ECD, explican que "después de lo sucedido este último año y de las comunicaciones con Exteriores, hemos decidido no volver a enviar caravanas solidarias a África". Las mismas fuentes explican que la ONG ha sufrido un cambio de la junta directiva, provocado "por la nueva etapa que nos toca vivir". Los nuevos responsables de la organización han impulsado una profunda remodelación, que ha convertido a Barcelona Acción Solidaria "en una plataforma logística para enviar material sanitario". Ninguno de los cooperantes secuestrados ha vuelto a la ONG En la nueva etapa de la organización no estarán, al menos de momento, los tres cooperantes que fueron secuestrados en Mauritania. Desde la ONG explican a este diario que "ninguno de ellos se ha planteado volver a trabajar con nosotros". En Barcelona Acción Solidaria llevan tiempo "sin tener noticias de ellos", por lo que tampoco saben si Roque Pascual y Alicia Gámez seguirán los pasos de Albert Vilalta, que solicitó el tratamiento de víctima de terrorismo para percibir una indemnización de más de 48.000 euros.

 

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