Cataluña

Referéndum independentista del 9-N

La Generalitat cederá sus edificios para la consulta si ayuntamientos de PP y PSC la boicotean

El gobierno de Artur Mas no licitará el contrato para elaborar urnas y papeletas hasta que no apruebe el decreto para convocar la votación

Artur Mas vota en unas elecciones.
photo_camera Artur Mas vota en unas elecciones.

A pocos días de la Diada del 11 de septiembre y a dos meses de la fecha elegida para el referéndum del 9 de noviembre, el gobierno de la Generalitat de Cataluña asegura tener todo listo para celebrar la consulta. A los partidos favorables al plebiscito sobre la independencia, el gobierno de Artur Mas ya les ha explicado algunos detalles de la organización.

El pasado miércoles 3 de septiembre, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, convocó a los partidos favorables a la celebración del referéndum soberanista -Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya y la Candidatura d’Unitat Popular- y a los socialistas del PSC para asegurarles que el ejecutivo autonómico ya tiene “todo listo” para la votación del 9-N.

El Confidencial Autonómico ha contactado con personas presentes en la reunión. Según estas fuentes, representantes de los partidos políticos citados, a la reunión que se alargó por dos horas acudieron Joana Ortega y la plana mayor del Departamento de Gobernación de la Generalitat, que es quien se está encargando de preparar la logística del referéndum. Sobre todo, acudieron los responsables del área de procesos electorales del departamento.

Lo que hicieron la ‘número dos’ del gobierno de Artur Mas y sus colaboradores fue ir desgranando lo que prevé la Ley de Consultas que se está aún tramitando en el Parlament de Cataluña. “Pero comentaron generalidades sobre la ley. Decían ‘si se aprueba, de acuerdo con la ley se hará esto...’”, explica a ECA uno de los presentes en la reunión, que asegura que era mayor la expectativa que había que lo que finalmente se contó en ella.

A pesar de que los representantes del gobierno catalán no fueron muy exhaustivos en sus explicaciones, la sensación que tuvo un diputado de otro partido, también presente, es que “se ve que la Generalitat tiene capacidad para organizar una consulta así: tiene los medios y el personal”.

El Govern contempla el boicot de algunos ayuntamientos

Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, los portavoces de los partidos políticos pudieron hacer preguntas a Joana Ortega y a sus colaboradores del Departamento de Gobernación sobre distintos aspectos de la organización de la consulta.

Algunas de las preguntas fueron dirigidas a inquirir si la Generalitat tenía en cuenta que, si bien la mayoría de ayuntamientos (gobernados por CiU, ERC, ICV...) apoya el referéndum, aquellos en los que rigen alcaldes del PSC, y sobre todo del PP, podrían no colaborar con la organización de la votación.

La respuesta de Gobernación fue clara: ya tienen prevista esa posibilidad, de que haya consistorios que están contra la consulta y por eso que decidan “boicotear” la consulta. Esa falta de colaboración, por ejemplo, se podría traducir en que los ayuntamientos no quieran ceder locales y edificios municipales para instalar allí las urnas para votar.

En ese caso, cuando la Generalitat diseñe el mapa de mesas de votación lo que haría sería, en los municipios con gobiernos contrarios a la consulta, designar edificios que sean de titularidad autonómica para instalar allí las urnas donde podrían votar los vecinos de esa localidad.

Cómo se hará el censo para votar

En la reunión también se trató el asunto de las urnas, papeletas y demás documentación que habría que elaborar para el referéndum. Las fuentes consultadas por El Confidencial Autonómico explican que desde el gobierno catalán se aseguró que todavía no están disponibles.

La razón es que, según la ley, para sacar a concurso la fabricación de todos esos elementos hay que esperar a que la cita electoral -en este caso la consulta- esté formalmente convocada. Por tanto, la Generalitat esperará a aprobar el decreto de convocatoria del 9-N (que presumiblemente será justo después de aprobarse la Ley de Consultas) para después sacar a concurso público la elaboración de urnas, sobres y papeletas. Lo que ya tienen las autoridades catalanas son los modelos, como las listas censales para las mesas que reveló hace meses ECA.

Otro aspecto que ya ha estudiado el gobierno de Artur Mas es la elaboración del censo de personas que podrían a votar en la consulta independentista. Siguiendo lo que establece el proyecto de Ley de Consultas en tramitación, no se puede utilizar el censo electoral, porque no es un referéndum como tal, sino una consulta no vinculante.

La Generalitat ha denominado al listado “registro de participación”, que se construirá con dos bases de datos: el registro de catalanes en el exterior, es decir, los catalanes que viven fuera de España que se están apuntando voluntariamente en una web abierta por el gobierno autonómico; y, en segundo lugar, el registro de población del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), ya que los partidarios de la consulta han renunciado a obtener los padrones municipales tras el bloqueo judicial por la denuncia de un vecino de Cabrils.

Además, según ha sabido ECA, en este registro de participación también se podrán inscribir extranjeros residentes en Cataluña: los comunitarios (ciudadanos de países de la Unión Europea) que lleven al menos un año residiendo legalmente en Cataluña, y los extracomunitarios (de fuera de la UE) que vivan allí desde hace al menos tres años.

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