Petición de un vecino de Cabrils a la Fiscalía: que tumbe la ley de consultas de Cataluña

El pasado 17 de julio, el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña publicó la proposición de ley de consultas populares no refrendarias y participación ciudadadana, es decir, la ley de consultas con la que Artur Mas pretende organizar el referéndum del 9 de noviembre sobre la independencia.

La proposición de ley ya ha pasado el trámite de la aprobación en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament y falta el visto bueno final del pleno de la cámara. En el texto de la ley de consultas que seguramente saldrá adelante con la mayoría de escaños de CiU, ERC y otro partidos como CUP e Iniciativa per Catalunya se detalla cómo se creará el registro de participación en las consultas populares.

Según el artículo 6.2 de la proposición de ley, este registro estará integrado por los datos del Registro de población de Cataluña. Y quien tiene encomendada la gestión de ese registro de población es el Idescat, el Instituto de Estadística de Cataluña.

Contra el Instituto de Estadística de Cataluña

El Confidencial Autonómico ha podido saber que este asunto podría llegar pronto a los tribunales y afectar al Idescat. La primera opción de la Generalitat para elaborar el censo fue que los ayuntamientos le enviaran los datos del padrón municipal. Sin embargo, un vecino de Cabrils (Barcelona), Alejandro Rusiñol, ha conseguido que un juzgado declare nula de pleno derecho la decisión de ceder los datos del padrón.

Ahora, Rusiñol ha decidido emprender acciones contra el Idescat y contra la Generalitat de Cataluña por empeñarse en hacerse con los datos personales de los catalanes sin el permiso de una ley orgánica y por encima de las leyes de protección de datos.

Este vecino de Cabrils que tumbó uno de los acuerdos municipales para ceder el padrón municipal al gobierno catalán recuerda que en su escrito de calificación sobre su contencioso con el ayuntamiento, el fiscal del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona: “La nulidad del acto que se recurre no se ve subsanada por el hecho de que las autoridades estadísticas de Cataluña cuenten ya con los datos del padrón [...] Ya hemos visto cómo sólo mediante Ley se pueden ceder a otra administración los datos de carácter personal recogidos en el ámbito de sus competencias por una distinta, salvo que medie consentimiento expreso del interesado. Y de esta obligación no está exenta ni siquiera el Instituto de Estadística de Cataluña”.

Por ello, Alejandro Rusiñol va a presentar un escrito al fiscal Abel Andrade para pedirle que actúe de oficio para tratar de impedir que, finalmente, el Instituto de Estadística de Cataluña ceda los datos al gobierno de la Generalitat para organizar el referéndum de autodeterminación.

“La sentencia de la juez que declaró la nulidad del acto del ayuntamiento de Cabrils afecta también a la ley de consultas”, asegura Rusiñol, que inició esta batalla legal contra su ayuntamiento al entender que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales al tratar de ceder sin amparo legal sus datos personales.

Cuando el ayuntamiento de Cabrils, en el transcurso del proceso judicial, alegó que el Idescat ya tenía los datos que iba a ceder, El Confidencial Autonómico se puso en contacto con el Instituto de Estadística de Cataluña. Este organismo confirmó que recibía periódicamente los datos de los padrones municipales y tenía registrados los siguientes datos de todos los catalanes: nombre, apellidos, domicilio, sexo, fecha y lugar de nacimiento y nacionalidad. Sin embargo, también precisaron desde el Idescat que este organismo “no tiene competencias en materia electoral; su único objetivo es estadístico”.

La Delegación de Gobierno estudia si anular otras mociones

Además de emprender esta acción a través de la fiscalía contra la nueva ley de consultas, Rusiñol también se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Cataluña para pedirle que requiera a los ayuntamientos que hayan aprobado mociones similares a la de Cabrils para que declaren de nulo derecho esos acuerdos tras la primera sentencia contraria a la cesión de los datos.

Según ha podido saber ECA, el subdelegado del Gobierno en Barcelona se puso en contacto con Alejandro Rusiñol para informarle de que la Delegación había decidido pasar el asunto a la Abogacía del Estado para ver si hay que actuar para anular las otras mociones análogas a la de Cabrils que se aprobaron en ayuntamientos de toda Cataluña.