Castilla y León

Los vecinos de un pueblo de Ávila llevan a la ONU una subida del agua por “la deuda de una piscina municipal”

Denuncian que el precio del recibo en La Adrada se ha incrementado un 2,1% más para sufragar la cantidad que se adeuda

Castillo de La Adrada
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En esta localidad de Castilla y León los vecinos han puesto en conocimiento de Léo Heller, Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua, el incremento económico que han sufrido estos últimos meses por el agua.

Los vecinos reclaman que esta subida “vulnera este derecho humano al abastecimiento y saneamiento, al incluir un 2,9% por la deuda acumulada de la piscina municipal”.

En la carta que han enviado a la ONU se refiere que el “consumo humano es un derecho, mientras que otros usos no lo son, como los asociados a la industria, agricultura, comercio o los relacionados a demandas recreativas, como pueden ser las de las piscinas”.

Lo que reclaman es que en las tarifas del agua no se tengan en cuenta los gastos de otras actividades de uso personal o domésticos como pueden ser los recreativos de una piscina municipal, sino que solo se debe incluir los costes asociados a la prestación de estos servicios en el hogar.

Escasa calidad del agua del grifo

Por otra parte, informan de que el pueblo está situado muy cerca de la Sierra de Gredos, un entorno privilegiado, pero que la escasa calidad del agua del grifo obliga a gran parte de los vecinos a tener que acudir a las tiendas a comprar agua embotellada o a irse a una fuente natural. Aseguran que el agua debe ser “asequible, aceptable, disponible y de calidad”.

En la carta también hablan sobre el concepto de ‘depuración y alcantarillado’, el cual encarece el recibo aunque no haya consumo.

Además se quejan del mal estado en el que se encuentra el río Tiétar, afluente importante del Tajo, porque esas cantidades significativas cobradas a los usuarios no repercuten en la misma medida sobre la recuperación y el mantenimiento del ecosistema del río Tiétar.

Por eso, denuncian ante el Relator de la ONU que han solicitado el amparo del Procurador del Común de Castilla y León para que interceda ante la administración local.

Sin embargo, la carta solo es una recomendación para el Consistorio y aseguran que “los ciudadanos nos encontramos indefensos ante los Ayuntamientos que son a la vez titulares de los servicios del agua, organismos reguladores y recaudadores de tributos cuyo destino, como en este caso, no siempre sirven para mejorar el ciclo del agua”, concluye la carta.

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