Un etarra condenado a más de 200 años de prisión consigue los primeros permisos de salida tras renunciar a la violencia

“64 casillas son culpables de servir a la liturgia bélica. Un ejército frente a otro. Enemigos cara a cara. Tiempo de tejer técnica y táctica para alcanzar el destino. El rey a capturar está enfrente, no es de los que huyen al Golfo Pérsico”. Con referencias disimuladas a Juan Carlos I, Álvaro Arri firma en la contraportada del último número de ‘La Voz del Patio’, el periódico redactado por los presos en Burgos, una entrevista a un jugador de ajedrez. “Si sueñas con la paz, prepara la guerra” lleva por título el artículo, en el que desentraña la partida que midió en 1895, en Inglaterra, a los ajedrecistas William Steinitz y Curt Von Bardeleben.

Álvaro Juan Arri Pascual, alias “Munipa”, no es un preso cualquiera. En el penal de Burgos apura una condena del Tribunal Supremo, que caducará en 2023, a 208 años de cárcel -reducidos a 30 de cumplimiento máximo- por el doble asesinato cometido en Madrid el 29 de julio de 1994 al detonar cuarenta kilos de explosivos al paso de un coche en el que iban el teniente general del Ejército de Tierra Francisco Veguillas y su conductor. La explosión se llevó también la vida de un operario del Ballet Clásico de Madrid que trabajaba en la zona.

Aquel día, después de desayunar en un bar, el alto mando del Ejército y su chófer montaron en un Peugeot 405 blindado, seguido detrás por un coche de escolta. A las nueve menos cuarto, al girar por la calle Santiago, en la plaza de Ramales y cerca de la plaza de Oriente, el ‘comando Madrid’ de la banda terrorista ETA hizo estallar los explosivos, escondidos en un vehículo que habían situado allí a conciencia.

“Nuestra victoria justificará cómo en tiempos de paz nos hemos preparado para la guerra”. Esa frase de Arri, ex policía municipal en Erandio (Bizkaia), cierra la edición del periódico de los presos y resume la conocida como ‘Batalla de Hastings’, decantada a favor de Steinitz, el primer campeón del mundo de ajedrez. El “Munipa” describe cada movimiento de la partida hasta el desenlace: “En este momento el jugador de negras [Von Bardeleben] se levantó y salió de la sala... para no volver. Minutos después envió una nota con su rendición”.

El relato sobre la partida de ajedrez lo retrata también a él, un “arrepentido” que desde hace unos meses disfruta de cortos permisos de libertad otorgados por el juez de vigilancia penitenciaria en contra del criterio de la Fiscalía, que descreía la renuncia de Arri a la violencia.

La rendición del preso etarra arranca en noviembre de 1995, al ser arrestado en Francia, donde permaneció encerrado hasta abril del 2003, el año de su extradición a España. Su detención por las autoridades francesas propició en Arri un debate interior sobre la utilidad de la lucha armada en la consecución de los objetivos políticos de ETA.

25 años después, el 28 de febrero de 2021, en una carta dirigida al juzgado de vigilancia penitenciaria el preso se reprochaba haber ingresado en ETA en los años 90, entonces “convencido de que la violencia era el camino”, aunque, según explicaba, desde hace “muchos años” había asumido que el terrorismo “no conducía a ninguna parte y sólo las vías democráticas eran válidas”. El preso prometía al juez “no usar nunca más métodos violentos” y apostaba por “combatirlos”.

Así lo reproduce la Audiencia Nacional en un auto dictado el pasado 22 de diciembre y consultado por Confidencial Digital, en el que se desestima el recurso de la Fiscalía contra el permiso carcelario de tres días concedido a Álvaro Arri en junio. La Sala de lo Penal considera creíble la carta y no la rechaza, como sí ha hecho en anteriores ocasiones criticando las falsas disculpas hacia las víctimas de ETA por parte de algunos presos para conseguir beneficios penitenciarios.

En la misiva, Arri mostraba su “arrepentimiento” y admitía el dolor ocasionado a las familias de los fallecidos a causa del atentado terrorista en el que participó en 1994. Al mismo tiempo, el preso aplaudía y se inscribía en el programa de reinserción implantado en la cárcel de Burgos para empatizar con las víctimas y entender su sufrimiento.

Una muestra sincera de arrepentimiento, según el auto judicial, demostrada en la asistencia del preso al programa de justicia restaurativa, dedicado a dialogar con las víctimas del terrorismo, así como por el informe emitido en noviembre por un psicólogo.

Además, la Sala de lo Penal recuerda que la concesión del permiso a este preso de ETA “se apoya también en la buena evolución del tratamiento penitenciario, pues su conducta en prisión es muy buena y participa en actividades relevantes con excelente aprovechamiento”. Arri ha sacado “brillantes resultados académicos” en la UNED, la universidad a distancia; se ha implicado como aprendiz de periodista en ‘La Voz del Patio’, “donde realiza una labor extraordinaria”, y ha asistido a distintas excursiones, una de ellas al yacimiento arqueológico de Atapuerca.

Por último, la Audiencia alude a la cercanía de la casa familiar, donde puede acudir en las salidas. “Todos estos elementos conducen a que el interno está preparado para disfrutar de permisos ordinarios y, aunque los delitos cometidos son extremadamente graves, lo cierto es que en la actualidad ha cumplido la mayor parte de su condena”.

El Ministerio del Interior validó en mayo del 2020 el traslado y acercamiento de Arri, procedente de la prisión de Castellón II, al centro penitenciario de Burgos, provincia limítrofe con el País Vasco, al obtener el segundo grado del reglamento penitenciario. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lamentó que esta decisión olvidaba “el requisito de colaboración con la Justicia y la autocrítica. No sólo como demostración sincera de arrepentimiento, si no también para poder valorar un verdadero pronóstico favorable de reinserción de los presos”.

Arri se ha desvinculado de otros atentados de ETA. En 2011, el Tribunal Constitucional le anuló de forma parcial una sentencia a 186 años por un atentado con coche-bomba en enero de 1994 contra una furgoneta del Ejército del Aire en Madrid, dado que ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo precisaron cuántos ocupantes iban en el vehículo.