Castilla y León se desmarca de la consigna en el PP para boicotear el plan de Sanidad que confina Madrid

Las nuevas restricciones han sido rechazadas por el resto de autonomías gobernadas por el Partido Popular. La Junta defiende la necesidad de disponer de mecanismos especiales de intervención

Pablo Casado
Pablo Casado.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, apoyó este miércoles en nombre de la Junta, las nuevas restricciones del Ministerio de Sanidad, que afectarán a los municipios de más de 100.000 habitantes cuando superen una incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 500 casos de infectados por COVID-19 por cada 100.000 habitantes, que además presente una positividad de más del 10 por ciento en las PCR y un índice de ocupación superior al 35 por ciento en las UCI de su comunidad autónoma.

En este sentido, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado Vicente, ha reiterado la necesidad de disponer de mecanismos especiales de intervención que, adoptando criterios epidemiológicos y recursos administrativos y jurídicos, faciliten asimismo una respuesta rápida y efectiva para controlar contagios en municipios por debajo de esa población.

Para la responsable sanitaria castellana y leonesa, el documento ahora aprobado es un texto de mínimos que queda abierto a introducir nuevos indicadores que faciliten una unidad de acción y criterios comunes.

Castilla y León ha trasladado al Ministerio ya sus propuestas en este sentido, basadas en las aportaciones del comité autonómico de expertos que asesora al Gobierno de la Comunidad en la gestión de la pandemia por la COVID-19.

Verónica Casado ha insistido, durante el Interterritorial de este miércoles, en la necesidad de contar con niveles epidemiológicos identificables, con indicadores y estándares bien definidos que permitan, para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, pasar de un nivel a otro, con las correspondientes actuaciones, cuando así sea necesario para la contención de la pandemia también en municipios con poblaciones por debajo de los 100.000 habitantes.

La decisión se tomó esta tarde en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde también se acordó elaborar planes especiales para los territorios con menor población. El objetivo es «tomar el control» de los territorios frente al COVID-19 «todos unidos», según explicó al término de la reunión el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Las nuevas restricciones han sido apoyadas por la mayoría de las comunidades autónomas, excepto Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta. Se publicarán en el BOE y pasan por reducir la movilidad, con restricción de entradas y salidas; limitar las reuniones a seis personas, así como limitar los aforos, y el cierre de los parques infantiles, principalmente.

 

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