Ofensiva de Castilla y León para ‘resucitar’ el mercado de la vivienda protegida. El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de medidas por Decreto Ley con deducciones de hasta el 40%

El consejero castellano-leonés de Fomento y Medio ambiente, Antonio Silván, ha sido el encargado de presentar los dos textos en los que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera ha agrupado un total de 22 medidas urgentes para revitalizar la compra-venta de viviendas protegidas en la región.

Según ha podido saber de fuentes de la consejería El Confidencial Autonómico, todas las iniciativas se han recogido en un Decreto Ley y un Decreto cuyas líneas maestras se supieron tras el último Consejo de gobierno antes de las vacaciones de verano.

Tal y como comentan sus promotores, con ese corpus legal el gabinete de Herrera cumple con la promesa se aprobar este plan de acción antes de agosto, como así ha sido. Esas medidas han sido descritas como “concretas” y “aplicables inmediatamente” y están pensadas para “colectivos con dificultades de acceder a la vivienda y mantenerla”.

El objetivo final, indican, es la “movilización de viviendas de titularidad pública”. Con este plan de acción se pretende fomentar el alquiler y que salgan al mercado todas las viviendas disponibles gracias a varias modificaciones dentro del régimen legal de vivienda protegida.

Más viviendas para más colectivos

El primer bloque persigue que se amplíen los colectivos “de especial protección” que ya recogía la Ley de Vivienda regional. Hasta ahora tenían esa consideración los jóvenes, mayores, discapacitados, las víctimas violencia de género o terrorismo y las familias numerosas.

Con las nuevas medidas, se suman las familias con todos los miembros en paro; los deudores que hayan sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial; aquellos que pierdan el derecho a usar su vivienda por una sentencia firme en casos de separación, nulidad o divorcio; quienes habiten una vivienda pendiente de expropiación o declarada en ruina y, por último, quienes estén en un alojamiento provisional con deficientes condiciones de habitabilidad.

Estas nuevas medidas afectan a las viviendas de protección y titularidad pública. Otra prioridad es “facilitar el pago de las cuotas de compra”, en una estrategia de lucha contra los desahucios, que incluye una moratoria en el pago de la cuota mensual durante un año, extensible a cuatro.

También se facilitan a las familias que puedan “reestructurar o refinanciar la deuda pendiente” ampliando el período de amortización hasta los cinco años. En el caso de los alquileres, se contempla la posibilidad de negociar una deducción de la renta mensual entre un 30 y un 50% durante un año, prorrogable a cuatro.

Ventajas para los compradores de VPO

Una de las medidas pensadas para promover la venta de VPO pasa por la amortización anticipada de la compra, en condiciones favorables, con deducciones que van de un 10 a un 30% del precio.

Quienes estén interesados en las viviendas en alquiler promovidas por la Junta, podrán solicitar la compra con deducciones de un 10 a un 40%. Además, se ha determinado una reducción de los precios de venta y alquiler de acuerdo a un coeficiente corrector del 0,8: esto significa que los precios máximos se rebajan sobre un 20%.

Por último, y como mecanismo urgente para ayudar a familias en riesgo de exclusión, el Decreto Ley obliga a la Junta y a las administraciones locales a reservar un porcentaje de viviendas desocupadas para el alquiler. Ambos gobiernos habilitarán la constitución de un parque público de alquiler social pensado para colectivos especial protección.

Además, aquellos arrendatarios que tengan su casa con opción a compra, podrán ejercerla antes de que transcurra el plazo mínimo, que antes era de 10 años.