Castilla y León

La Junta de Castilla y León, acusada de administración desleal, tráfico de influencias y prevaricación

Se amparan en un informe del Consejo de Cuentas de 2010 y 2011

Las contrataciones de la Junta, a examen.
photo_camera Las contrataciones de la Junta, a examen.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya tiene en su poder la denuncia, presentada por el Partido Castellano, que recoge “irregularidades en la contratación” de varias empresas públicas de la región. Han tomado como referencia las conclusiones de la cámara fiscalizadora autonómica.

Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, el Partido Castellano (PCAS), con sede en Burgos, se ha decidido a acusar a la Junta castellano-leonesa de un delito de “administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación y prevaricación”. Todos están relacionados con decisiones que tomaron varias empresas públicas entre 2010 y 2011.

En concreto, las entidades que podrían haber cometido los mencionados delitos son ADE Parques, ADE Financiación, Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (Provilsa) y la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Los datos en los que se ampara el PCAS están recogidos en el documento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, disponible en este enlace. Los denunciantes les acusan de incumplir “de manera abusiva” la Ley de Contratos del Sector Público.

Los responsables de las mencionadas empresas públicas incumplen la obligatoriedad de comunicar las condiciones en las que contratan, según el ente fiscalizados. Además, no se establecen unos criterios básicos de solvencia ni detallan debidamente los requisitos y baremos de valoración para llevarlas a cabo.

En el PCAS afirman también que no se respetan los principios “de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia” en la contratación. También se cuestionan los procesos de selección de su personal, así como varios procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones.

Está en manos de la Fiscalía Superior de Castilla y León decidir si en los casi 300 contratos que firmaron estas empresas públicas, con un presupuesto total de 270 millones de euros, se produjeron o no delitos de administración desleal.

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