Castilla y León trabaja en su ordenación del territorio para adelantarse a la reforma local del Gobierno de Rajoy. El equipo de Juan Vicente Herrera se expone a que sea inconstitucional
La propuesta de ordenación territorial de la Junta de Castilla y León lleva varios meses dentro de la agenda parlamentaria de la comunidad. Está basada en la asociación voluntaria de municipios y apuesta especialmente por las mancomunidades. Por su parte, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que llevará su reforma estatal del Régimen Local al Congreso este verano y advierte de que algunos artículos de los propuestos por los castellano-leoneses podrían ser declarados anticonstitucionales y tendrían que ser retirados en caso de conflicto normativo.
La ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que llegará este verano al Consejo de Ministros, se ha convertido en un quebradero de cabeza para las 3.700 entidades locales menores que existen en España desde que empezó a negociarse en Madrid.
Según fuentes del Ejecutivo de Castilla y León consultadas por El Confidencial Autonómico, en esta autonomía se concentran más de 2.200 de esas entidades menores; de ellas, 1.200 están en la provincia de León. Por eso el equipo de Juan Vicente Herrera (PP) ha querido adelantarse a las medidas planteadas por el Gobierno central y ya ha comenzado con el trámite parlamentario de su propia ordenación del territorio, cuyo borrador puede consultarse aquí.
Según fuentes de la Federación castellano-leonesa de entidades menores, la Junta de Castilla y León ha apostado por la figura de las mancomunidades y las diputaciones provinciales, precisamente dos de los organismos a los que el Ejecutivo central quiere despojar de atribuciones.
“Cuando en junio o julio el Gobierno lleve al Consejo de Ministros su reforma, puede pasar que haya un conflicto normativo”, explican. “Esto significa que puede haber artículos en vigor en Castilla y León que serían declarados inconstitucionales”, indican.
La mancomunidad, una entidad histórica
El Gobierno castellano-leonés lleva trabajando en este proyecto desde el verano de 2011: el presidente Juan Vicente Herrera aludió a este proyecto en su discurso de investidura. La nueva ordenación del territorio que propone la Junta contempla que los ayuntamientos se unan de forma voluntaria en unos organismos denominados “mancomunidades de interés general”.
El objetivo es garantizar la prestación de los servicios a los 2.248 municipios castellano-leoneses, cuya adhesión a esta propuesta será “voluntaria”, según la Junta, para evitar la “posible pérdida de autonomía local”.
“En un primer momento, el Gobierno de Mariano Rajoy aseguró que las mancomunidades y entidades locales menores que no rindiesen cuentas en tres meses desaparecerían”, recuerdan los responsables de la Federación.
“Es cierto que ha habido problemas en esa rendición de cuentas”, reconocen, “pero porque no se ha dotado a esas entidades de las herramientas adecuadas ni con el personal necesario”. “No es excusa para certificar su desaparición”, concluyen.
Según explican a este confidencial, el artículo 148 de la Constitución Española establece que las autonomías podrán asumir competencias para su propia ordenación territorial, y otras como la sanidad, cultura y agricultura.
