Castilla la Mancha

Los recortes de Cospedal en Dependencia, a los tribunales

Admitida a trámite la primera denuncia tras el ajuste de 16 millones en Castilla-La Mancha

La Plataforma por la Dependencia en Castilla-La Mancha, contra los recortes.
photo_camera La Plataforma por la Dependencia en Castilla-La Mancha, contra los recortes.

La consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, dirigida por José Ignacio Echániz, tendrá que defender la orden que reformó el sistema de atención a dependientes. Los afectados llevan meses protestando por los recortes y ajustes en esta partida.

Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha es la entidad que ha interpuesto este recurso contencioso-administrativo, el primero de estas características en España.

En concreto, pretenden impugnar la orden del pasado 29 de julio, en la que la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales hacía oficial el sistema de servicios y prestaciones económicas públicas para este colectivo.

Se calcula que hay unos 60.000 dependientes en Castilla-La Mancha y que menos de la mitad de ellos, unos 25.000, han sido beneficiarios de ayudas entre 2010 y 2012.

El recurso ya ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que se ha convertido en “la primera respuesta judicial” a nivel nacional ante lo que los afectados han descrito como “desmanes” en materia de dependencia “de los gobiernos del Partido Popular”.

Lo que dice la orden

Los representantes de los dependientes, liderados por José Luis Sánchez Ocaña, denuncian que tras la orden publicada en el verano se han sustituido determinadas ayudas económicas por márgenes de entre 20 y 24 horas al mes de ayuda a domicilio, un servicio “insuficiente” que “ya es de copago”, precisan, y que hay personas que no pueden costear.

La partida total se reduce a 96 millones de euros, lo que supone “un hachazo de más de 16 millones respecto a 2013”, explican, y más de 46 millones respecto a 2012. “Es un tijeretazo de más del 32%”, concluyen.

Quienes ya tuvieran reconocida su situación y grado antes del 15 de julio de 2012 –fecha de entrada en vigor del decreto Ley 20/2012– están dentro de una clasificación más amplia.

Tras el decreto, se redujo el número de grados a tan sólo tres y muchas personas quedaron fuera del espectro de ayudas, que también han disminuido en cuantía.

Tal y como contó este digital, los socialistas de Castilla-La Mancha prometieron revocar los cambios en la Ley de Dependencia si llegan a gobernar en 2015. Fueron la primera federación del PSOE que se compromete de forma oficial.

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