La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha hace balance del 2018

La entidad critica el "incumplimiento" del programa electoral de García-Page

Miembros de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, durante una reunión con Emiliano García-Page
Miembros de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, durante una reunión con Emiliano García-Page

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha hecho balance de la situación de este colectivo durante el año 2018. La entidad ha sido crítica con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, por lo que la plataforma ha considerado el "inclumplimiento" de sus promesas electorales.

En concreto, la Plataforma ha considerado "vergonzoso" que  no se haya cumplido lo anunciado por Page en su discurso de investidura, en el que anunció que terminaría con los casos de dependientes "en un año". Según la entidad, los expedientes, en lugar de reducirse, han aumentado en 284 casos, superando los 5.700 en la región.

Además, según un comunicado, 3.990 familias dejaron de recibir la prestación económica para cuidar a su familiar dependiente durante el 2018. En total, más de 6.900 personas en situación de dependencia no han recibido en 2018 "absolutamente nada" de las ayudas a las que, por ley, tienen derecho. La entidad ha denunciado la "falta de ética" del Ejecutivo.

Trabajar con las directrices de Cospedal

La Plataforma ha denunciado que el Ejecutivo de García-Page haya desarrollado su actividad en este ámbito bajo las directrices de María Dolores de Cospedal. Precisamente, Page fue crítico en su día de una política que, según la entidad, "silenció y amedrentó" a quienes demostraran "la realidad de los dependientes" en la Comunidad.

La entidad ha concluido su comunicado denunciando que, en 2018, muchas personas dependientes han tenido que renunciar a los servicios, ya que estos han encarecido. Mientras, "se han repetido las rebajas" en cuanto a las prestaciones a niños dependientes por asistir a centros escolares, entendido como "el derecho más elemental" del que los menores pueden disfrutar "con independencia de su situación personal".

 

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