Castilla La Mancha considerada por el Gobierno la autonomía que más fuerza a las mujeres a irse a otras provincias para abortar

El Gobierno y el PSOE vienen advirtiendo contra el retroceso si gobierna la derecha, aludiendo al protocolo del aborto en Castilla y León. Pero Sanidad admite en un informe elaborado contra PP y Vox que Castilla La Mancha, gestionada por el PSOE, es la autonomía que más fuerza a las mujeres a irse a otras provincias para abortar.

En el documento, publicado este martes por ECD, Sanidad denuncia que miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven.

Una discriminación geográfica que se da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que constituye uno de los obstáculos del acceso al aborto en España incluso más de diez años después de la puesta en marcha de la ley durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La que más fuerza a las mujeres

En medio de la polémica con Castilla y León, el informe del Ministerio de Sanidad admite también que el caso más paradigmático es el de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, donde el 58% de las residentes a las que se practicó un aborto no recibió dicha atención médica en su provincia de residencia.

De hecho, pese a que Toledo fue la provincia catellanomanchega donde más residentes abortaron, esa región no practicó en 2021 interrupciones voluntarias del embarazo.

Señala a Castilla y León

Sin embargo, el documento se centra sobre todo en que cinco provincias de Castilla y León no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Pone en el punto de mira a Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria.

Esto implica que dentro de sus fronteras no se han realizado y que derivan a las mujeres a otras provincias, según confirman varias consejerías de Sanidad a ECD. También hay que sumar otros territorios que solo realizan una parte de las intervenciones y desplazan a las mujeres en determinadas circunstancias.

Las razones que señalan las autoridades sanitarias apuntan especialmente a que, en estas provincias, “no existen clínicas privadas” con las que concertar la prestación.

En clínicas privadas

Hay que destacar que el de las clínicas es el modelo imperante para la prestación del servicio e implica que la Administración lo concierta con ellas y las mujeres no pagan por la intervención, pero incluso si en un territorio no hay centros, el Ministerio de Sanidad denuncia que los hospitales públicos tampoco asumen los abortos.

Según los datos de Sanidad, el 84% de los 90.189 abortos practicados en España en 2021 se realizaron en centros hospitalarios o clínicas privadas, pese a que el 71% de las informaciones se solicitaron en centros públicos.

Igualdad territorial

Asegura también que esta es una práctica con la que la reforma de la Ley del Aborto que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado quiere acabar.

El informe del departamento que dirige Carolina Darias recuerda que, como se expone en el preámbulo de la norma, el objetivo del Gobierno es “garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública evitando la desigualdad territorial”.

Destaca que el 5% de las mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en España en 2021 residían en provincias que ese mismo año no notificaron ni un solo aborto.