Una asociación feminista alicantina en contra de la ordenanza anti-prostitución aprobada por la Junta de Gobierno
Ha presentado una queja en el Ayuntamiento de Alicante y en la Sindicatura de Greuges. Critican que estas medidas no impiden la explotación sexual si no que castiga a “posibles víctimas”
La última ordenanza de Convivencia Cívica aprobada en Alicante prevé multas desde 210 euros por tirar papeles al suelo hasta 3.000 por utilizar a personas discapacitadas para la mendicidad.
Además, también se sancionan a las personas que demandan o ejercen la prostitución en las calles.
Esta nueva ordenanza tiene el objetivo de “preservar los espacios públicos y fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo”.
Sin embargo, no todos han recibido con los brazos abiertos esta nueva ordenanza. Una asociación feminista alicantina ha presentado una queja en el Ayuntamiento de Alicante y en la Sindicatura de Greuges por esta normativa.
El castigo a las víctimas
Esta asociación, Asamblea 8M Alicante, pide que se retire de este proyecto de Ordenando de Convivencia Cívica la parte que afecta a las mujeres que están en situación de prostitución y de mendicidad.
Critican que estas medidas no impiden la explotación sexual si no que castiga a “posibles víctimas”.
“Se centra la Ordenanza en la criminalización y supuestas prácticas de seguridad ciudadana y no en la protección de las mujeres que están en prostitución”, aseguran en la queja presentada en el Ayuntamiento a la que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico.
“Se sanciona económicamente a las mujeres que ofrecen estos servicios, teniendo en cuenta que en esta actividad el mayor tanto por ciento son mujeres que provienen de la trata con fines de explotación sexual, es decir, estamos ante posibles víctimas, y se les aplica una medida que no viene a impedir la explotación sexual, sino que por el contrario las revictimiza, provocando una mayor vulneración de sus derechos”, añaden.
