Un activista antidesahucios se enfrenta a cuatro años y medio de prisión en Guadalajara por difundir imágenes de agentes judiciales
El juicio contra el miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se celebra el próximo jueves
La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión por fotografiar y difundir las imágenes de un desahucio de una familia con dos menores, entre ellos un bebé. El motivo que se alega es que en las instantáneas figuran los rostros de los agentes judiciales que estaban practicando el desalojo.
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha reunido ya casi 70.000 firmas pidiendo su absolución. Amnistía Internacional también ha anunciado que va a seguir de cerca el caso y a examinarlo.
El juicio se celebra el próximo jueves 9 de diciembre contra Diego, un activista de la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) y abogado de movimientos sociales.El vídeo en cuestión muestra la delicada situación en la que se encuentra una madre de apenas 17 años, un padre de 19 y un bebe de 5 meses.
Un desahucio sin “libertad de expresión”
Diego sacó unas cuantas fotografías y las subió a sus redes sociales. Tras la gran difusión que tuvieron, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ordenó borrarlas cautelarmente por revelar la identidad de los agentes judiciales ya que constituía un delito de revelación de secretos.
Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2019 cuando Comisión Judicial acudía rodeada de agentes de la Policía local y Nacional de Guadalajara a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en el Barrio del Alamín . En ella vivían una pareja de jóvenes, de 17 y 19 años y su bebé de pocos meses.
El desahucio se hizo por sorpresa, y apenas dieron tiempo a la familia a retirar sus pocos enseres, a pesar de la obligación de las Administraciones de no ejecutar desahucios sin solución habitacional, tal y como imponen tratados suscritos por España, y en especial a los que atañen a la protección del menor.
Amnistía Internacional pasa a examen el caso
El organismo de derechos humanos ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso, que viene examinando desde que se hizo público, por la naturaleza de las acusaciones que se realizan, el contexto de las mismas y el efecto que puede tener para el ejercicio del derecho a la información.
La persecución judicial de Diego por haber difundido la participación de agentes judiciales en un desahucio a menores en situación de vulnerabilidad lo consideran como “una herida muy grave” al derecho a la libertad de expresión.
Twitter y Facebook también tuvieron su papel en esta investigación. Ambas redes sociales fueron obligadas por el juzgado a retirar las imágenes de manera cautelar. El tema trascendido de tal manera que el exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urias y el diputado de Podemos, Rafa Mayoral utilizaban sus cuentas personales para condenar las actuaciones de la justicia contra la familia y el activista.
